En la actualidad, la salud mental y la depresión son problemas que afectan a un amplio porcentaje de la población mundial, y México no es la excepción. Alfredo Ramírez Valdés, Coordinador de Casa de las Muñeca Tiresias y del Centro Especializado en Investigación y Educación Superior (CEIES) en el estado, considera que la atención de estos problemas debe ser una responsabilidad compartida entre la sociedad y los gobiernos, y no solo una preocupación gubernamental.
En su opinión, la crisis de salud mental se ha convertido en un tema de privilegios, donde las personas sin los recursos necesarios se ven imposibilitadas para acceder a un tratamiento adecuado. Esta falta de acceso a atención profesional, advierte Ramírez Valdés, puede tener consecuencias fatales, con un aumento de los casos de suicidio, especialmente entre aquellos que no pueden costearse los servicios de salud mental.
“Desde la parte ciudadana y la parte civil debemos cuestionarnos qué acciones estamos tomando para mejorar la salud mental de todos los ciudadanos. Desde nuestra trinchera, cada año organizamos la formación de guardianes para la prevención del suicidio de manera gratuita”, explicó el coordinador. Este esfuerzo busca capacitar a la población para detectar señales de alerta y actuar en casos de crisis, una medida crucial dado el contexto de desinformación y escaso acceso a recursos.
Ramírez Valdés también reflexionó sobre la accesibilidad de los servicios psicológicos. A menudo, señaló, las personas que necesitan atención mental se ven atrapadas en una red de dificultades, ya sea por los costos o por la saturación de los servicios públicos. “Los psicólogos se ven entre la espada y la pared cuando enfrentan una problemática de salud mental que puede tener desenlaces trágicos”, afirmó.
Si bien reconoció avances en la atención gubernamental a la salud mental, como la mejora en el acceso a consultas en los Centros de Salud Mental (CESAMES), Ramírez Valdés subrayó la necesidad de que estos esfuerzos se fortalezcan mediante una colaboración más estrecha entre la sociedad y el Estado. Mencionó que en el pasado era común que las personas tuvieran que esperar meses o incluso semanas para recibir atención en estos centros, una situación que, aunque ha mejorado, sigue siendo insuficiente para afrontar la magnitud del problema.
Finalmente, el Coordinador expresó su preocupación por los recortes al presupuesto federal en salud, que podrían impactar negativamente en la atención a la salud mental. “La incertidumbre sobre cómo se modificarán los recursos destinados a este sector, especialmente con la posible migración de servicios a IMSS-Bienestar, nos obliga a reflexionar sobre cómo garantizar que la salud mental no sea una prioridad secundaria”, señaló. También destacó la importancia de mantener una inversión continua en programas preventivos y en tratamientos a largo plazo, como los que se destinan a la detección y tratamiento de enfermedades como el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que podrían verse afectados por estos recortes.
La salud mental, concluyó Ramírez Valdés, no debe ser vista como un problema aislado, sino como un reto colectivo que requiere la participación activa tanto de la sociedad como del gobierno.
