Por Raúl Rosales Rosas
La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, vigente desde 2001, ha quedado rezagada ante las nuevas realidades que enfrentan los gobiernos municipales. La experiencia de más de dos décadas, agudizada en los últimos cinco años, ha evidenciado vacíos legales y disposiciones obsoletas que demandan una actualización integral para garantizar una administración pública eficiente y democrática.
Uno de los problemas más graves es la práctica recurrente de utilizar la retención de salarios como mecanismo de presión política contra regidores que no se alinean con las decisiones del alcalde. Esta práctica, además de violar derechos políticos fundamentales, destruye el funcionamiento colegiado de los Ayuntamientos al coaccionar el voto de sus integrantes. La intimidación financiera no solo paraliza la función pública, sino que genera costosos litigios que terminan afectando a la hacienda municipal. Es urgente establecer disposiciones que protejan las percepciones de estos servidores públicos y fijen responsabilidades administrativas y penales para quienes, desde la presidencia municipal o la tesorería, ejecuten estas retenciones ilegales.
La debilidad institucional de la sindicatura municipal representa otro punto crítico que debe atenderse. A pesar de ser la figura responsable de la representación legal y la vigilancia de la hacienda pública, los síndicos operan en condiciones precarias que les impiden cumplir eficazmente su función. Con excepción de Tepic, que cuenta con un cuerpo robusto de abogados y contadores, en el resto de municipios los síndicos apenas disponen de apoyo secretarial básico. Esta fragilidad institucional ha derivado en contrataciones irregulares sin su validación, comprometiendo recursos públicos y generando responsabilidades que lesionan el erario. La reforma debe dotar a esta figura de autonomía técnica y del personal especializado necesario según la capacidad presupuestal de cada municipio.
El reciente conflicto presupuestal en el municipio de Tepic ha evidenciado otro vacío legal crítico: la ausencia de mecanismos para resolver los impasses en la aprobación del presupuesto. Cuando los regidores no aprueban el presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, sea por diferencias políticas o falta de consensos, se genera una parálisis que pone en riesgo la operación básica del gobierno municipal. Es indispensable incorporar la figura de reconducción presupuestal, que garantice al menos el gasto corriente mientras se alcanza un acuerdo definitivo.
La reforma debe abordar también el fortalecimiento de los órganos internos de control y la profesionalización de servidores públicos clave. Es necesario establecer requisitos más rigurosos para ocupar cargos como la tesorería y la contraloría, exigiendo perfiles profesionales específicos y experiencia comprobable, así como implementar procedimientos transparentes para su designación que eviten la improvisación y el compadrazgo.
La modernización del marco jurídico municipal no puede postergarse más. Los ayuntamientos necesitan herramientas legales actualizadas para enfrentar los desafíos de la administración pública contemporánea. Una reforma integral a la Ley Municipal fortalecerá la capacidad institucional de los gobiernos locales y sentará las bases para un desarrollo más equitativo y sostenible en beneficio de todos los nayaritas.
