Raúl De los Santos Palomera, presidente estatal de la ACASPEN, considera que son tiempos de analizar la Ley de Movilidad para definir si es factible o no autorizar un incremento al precio del transporte público en el estado.
Recordó que en la Ley de Movilidad está estipulado que cada dos años se debe de autorizar un incremento al precio del transporte público, pues dijo que los costos de los combustibles y refacciones día con día van al alza y el precio del pasaje no se ha incrementado en la entidad desde el mes de marzo del año 2023.
Sin embargo, especificó que antes de hablar de un incremento, se debe de realizar un estudio en donde las autoridades estatales logren verificar los costos actuales de las refacciones, llantas y combustibles de las unidades, además de verificar la inflación y la devaluación del peso mexicano.
Puntualizó que para lograr mantener el equilibrio social, el gobierno del estado es quien deberá de realizar el estudio correspondiente al transporte público: “Nadie se debe de molestar si el resultado es a favor o en contra o un punto neutral, porque queremos lograr un ajuste justo, en mi opinión, eso es que se debe de hacer”.