Antes de las nueve de la mañana de este jueves, Tiburcio “N” fue trasladado de un domicilio particular al Centro Regional de Justicia Penal en Tepic bajo la responsabilidad de la Policía Estatal Procesal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la supervisión de personal de la Unidad de Medidas Cautelares.
Concluida la audiencia, alrededor de las 10 de la mañana el regreso a la casa se produjo de similar manera, en un vehículo oficial.
Lo anterior muestra la situación del imputado, a quien a partir del domingo 16 un juez de Control le autorizó la reclusión en casa, después de haber permanecido casi 11 meses en la penal de Tepic.
El caso Tiburcio ha generado múltiples reacciones tras haberse visto involucrado en el atropellamiento mortal del motociclista José Antonio, el 24 de marzo del 2024.
El miércoles 19, familiares de José Antonio protestaron frente a Palacio de Gobierno, y para este jueves acudieron a la audiencia al Centro Regional donde se abordó el tema de una garantía económica, acompañados de un asesor particular.
Se conoció que al finalizar la audiencia se les dio una explicación detallada para comprender que el imputado continúa siendo considerado un preso, pero ya no recluido en la penal, sino en casa.
Tiburcio no puede salir del domicilio, y si lo hiciera sólo sería para atender su proceso penal o por necesidad médica y con traslado de la Policía Estatal Procesal.
La resolución del juez de Control habría considerado que el imputado, maestro jubilado, tiene 78 años de edad y enfrenta considerables problemas de salud, que desde su reclusión ha tenido 14 consultas externas y dos veces fue internado en un hospital particular –según datos revelados por la defensa-, por lo que validó el arraigo en casa, donde estará bajo cuidado de una enfermera.
Cabe indicar que contra la resolución del domingo la agencia del Ministerio Público y la asesoría de la parte agraviada presentaron una apelación, por lo que el tema será revisado por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Ya en el exterior del Centro Regional, familiares de José Antonio hablaron del desgaste emocional que viven y la necesidad de apoyo psicológico.
Como ya fue indicado, la audiencia fue a petición ministerial para que el imputado presente una garantía económica, misma que una jueza de Control autorizó, fijando el monto en 500 mil pesos en efectivo.
Posteriormente, el asesor de víctimas explicó dos aspectos: uno, que si no se cumple con la citada garantía se solicitaría una nueva audiencia para plantear el regreso de Tiburcio a la penal, lo que podría conocerse la próxima semana dado que la jueza dio un plazo que vence el martes; y dos, esperar lo que se decida en el recurso de apelación ya indicado.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
