Cada vez se hacen más frecuentes y mayormente intensos los desencuentros entre los presidentes de Estados Unidos de América del Norte, Donald Trump y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum. Está vez el tema de enfrentamiento está relacionado con los cárteles y la decisión de la Casa Blanca de etiquetarlos como terroristas, algo que la sucesora de Andrés Manuel López Obrador ha interpretado como una violación a la soberanía de nuestro país.
En este contexto, hay que subrayar que un día después de que el Registro Federal de Estados Unidos notificara de la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro lo hicieron oficial, de tal manera que desde ayer jueves, están incluidos en la lista.
“Actuando bajo la autoridad de y de conformidad con la sección 1(a)(ii)(A) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada (”E.O. 13224” u ”Orden”), he determinado que las personas conocidas como Tren de Aragua; Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13); Cartel de Sinaloa (también conocido como Federación Mexicana, Cartel de Guadalajara); Cartel Jalisco Nueva Generación (también conocido como CJNG); Carteles Unidos (también conocidos como Cártel de Tepalcatepec, Cártel del Abuelo, Cártel de Los Reyes); Cártel del Noreste (también conocido como CDN, Los Zetas); Cártel del Golfo (también conocido como CDG, Organización Osiel Cárdenas-Guillén); y La Nueva Familia Michoacana (también conocida como LNFM) son personas extranjeras que han cometido o han intentado cometer, representan un riesgo significativo de cometer o han participado en el entrenamiento para cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de los nacionales de Estados Unidos o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”, señala la notificación pública del Departamento de Estado, firmada por Marco Rubio.
“Por consiguiente, por la presente designo a las organizaciones mencionadas y a sus respectivos alias como Organizaciones Terroristas Extranjeras de conformidad con la sección 219 de la INA”, añade.
En un comunicado posterior, el Departamento de Estado señaló que “como dijo el presidente [Donald] Trump en la Orden Ejecutiva 14157, los cárteles y otras organizaciones transnacionales ‘amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental'”.
Añade que “la intención de designar a estos cárteles y organizaciones transnacionales como terroristas es proteger a nuestra nación, al pueblo estadounidense y a nuestro hemisferio. Esto significa poner fin a las campañas de violencia y terror de estos despiadados grupos, tanto en Estados Unidos como a escala internacional. Estas designaciones proporcionan a las fuerzas del orden herramientas adicionales para detener a estos grupos”.
De acuerdo con el comunicado, “las designaciones terroristas desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y son una forma eficaz de reducir el apoyo a las actividades terroristas. Las medidas adoptadas hoy por el Departamento de Estado demuestran el compromiso de la Administración Trump con la protección de nuestros intereses de seguridad nacional y el desmantelamiento de estas peligrosas organizaciones”.
La decisión quedó publicada en el Registro Federal y el Departamento del Tesoro publicó una “actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados” como terroristas, en las que incluye a los seis cárteles mexicanos, así como al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
¿Qué cambios implica en su combate?
Los expertos subrayan que EE.UU. tenía ya distintos marcos legales para perseguir a estos grupos sin tener que declararlos “organizaciones terroristas extranjeras”.
En el caso del Tren de Aragua, y tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional que identificaba a presuntos miembros de este grupo criminal en 16 estados del país, Biden lo sumó recientemente a la lista de “organizaciones criminales transnacionales”, a la que ya pertenecía la MS13.
Para combatir a las organizaciones mexicanas que controlan el tráfico de drogas, el gobierno estadounidense ha utilizado de forma constante la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros de 1999, más conocida como la “ley de capos” (Kingpin Act).
Su propósito es negar a aquellos que son considerados figuras de peso en el tráfico internacional de estupefacientes, a sus empresas y sus agentes el acceso al sistema financiero de EE.UU., así como la posibilidad de hacer negocios con compañías y ciudadanos estadounidenses.
De la misma manera, los principales efectos de estar en la lista de “grupos terroristas extranjeros” serían financieros, ya que la designación facilita a EE.UU. el bloqueo de flujos de capital y el combate al blanqueo de activos.
En ese sentido, “las consecuencias jurídicas de la ‘ley de capos’ no difieren sustancialmente de las de la designación de una ‘organización terrorista extranjera'”, apunta en un análisis sobre el tema María Calderón, del Instituto México del Wilson Center, un centro de estudios no partidario con sede en Washington.
Aunque la nueva herramienta podría ampliar la capacidad del gobierno para perseguir a aquellos que les proporcionen servicios o “apoyo material”, matiza Calderón en su reporte, publicado en febrero del año pasado y titulado Mexican Cartels and the FTO debate (“Los carteles mexicanos y el debate de las organizaciones terroristas extranjeras”).
Eso mismo le dijo Jason Zablakis, quien supervisó dicho proceso de designación en la Oficina de Contraterrorismo (CT) del Departamento de Estado entre 2008 y 2018, a BBC Mundo.
Esto podría ser castigado con multas o con penas de hasta 20 años de prisión, o incluso la cadena perpetua si hay una muerte de por medio. Aunque no está claro cómo se aplicaría, por ejemplo, a vendedores de drogas en EE.UU. cuyos clientes mueran por sobredosis.
“(De ocurrir) va cambiar la manera en la que los agentes estadounidenses arman sus casos contra los carteles, porque antes tenían que justificar una amenaza a un ciudadano estadounidense, mientras que ahora cualquier vínculo con el grupo ya es motivo de investigación”, le dijo hace unas semanas a BBC Mundo Ioan Grillo, un periodista inglés que lleva 24 años cubriendo la violencia en México.
“Mucha gente puede entrar al pliego de sospechas de los agentes, y esto tiene consecuencias quizá no deseadas, como ir detrás de gente que fabrica armas en Estados Unidos, y gente que quiere aplicar a asilo en EEUU.”, añadió.
Y es que la designación establece que el ingreso de cualquier extranjero que “apoye, represente, entrene o sea miembro” de una “organización terrorista extranjera” es inadmisible y que, en ciertas circunstancias, puede ser expulsado del país, una medida que también se aplicaría a su familia.
“Pero las ventajas de la denominación son mínimas, porque en última instancia muchas de estas medidas ya hoy se pueden tomar contra estas organizaciones”, reiteró Blazakis.
