Con absoluta convicción, el Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero cierra filas en torno a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum. Lo hace para manifestar su respaldo a la iniciativa constitucional para reforzar el principio de soberanía nacional. En la escena estrechan sus manos los hijos putativos de Hitler y los residentes de los guetos y de los campos de concentración. Hoy, ante las acechanzas del estrambótico extremismo de mercaderes estridentes metidos a “político”, esa unidad se requiere y se manifiesta. En el caso que nos ocupa, el efecto colateral, felizmente, es la Unidad Nacional.
El posicionamiento del Gobernador Navarro Quintero, es en favor de la soberanía nacional. Para entender las dimensiones de esa postura procede compartir el contenido de la iniciativa promovida por la Presidenta Sheinbaum Pardo. La iniciativa se traduciría en la adición de dos párrafos al artículo 40 del Pacto Federal, para definir los parámetros de la cooperación y colaboración con gobiernos extranjeros y para reforzar acciones contra cualquier indicio de intervención extranjera, en los siguientes términos:
Primer párrafo: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Segundo párrafo: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables”.
Los anteriores textos, insistamos, se agregarían a la Ley Fundamental en el artículo 40. A eso se le agregaría una reforma al artículo 19, en los siguientes términos: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”. Se trata de un dispositivo cuya potencia podría tener repercusiones de orden internacional. [Es de aplaudirse el uso del género neutro en la redacción, lo que le confiere a esta la solemnidad absoluta e incuestionable que demanda el tema].
¿Quiénes fabrican, distribuyen, enajenan, trasladan o internan armas al territorio nacional de manera ilícita?
Cerca del 80 por ciento de las armas que se utilizan en el sub mundo del crimen organizado, tienen su origen en los Estados Unidos. Solamente por citar un dato, el de 2021 (que es el que tenemos a la mano), fueron internadas a México unas 200 mil armas de diferentes calibres. Un medio de comunicación en México da a conocer que la “Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Estado estadounidense reveló que el 82 por ciento de las armas de origen estadounidense recuperadas en México se localizaron en territorios dominados por el crimen organizado”. De esas dimensiones es el significado de la iniciativa presidencial del gobierno que preside la doctora Sheinbaum.
Los fabricantes estadounidenses de armas están en la mira de las autoridades mexicanas debido a que son los que arman a los “grupos terroristas” como han sido designados el Cártel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como al Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos. Seguramente que los fabricantes de armas en los Estados Unidos, serán tratados allá como traidores a su patria.
Una reforma como la que impulsa la titular del Poder Ejecutivo Federal, se traduciría en procesos judiciales contra los fabricantes de armas de los Estados Unidos. Eventualmente, tras los procesos judiciales podrían generarse ordenes de aprehensión y desde luego, solicitudes de extradición de los responsables de producir armas en los Estados Unidos, de quedar demostrado que ciertas armas tendrían un origen específico.
Por citar algunos casos, directivos y propietarios de empresas como Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Inc., Camfour, Inc., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Llc, Remarms, Llc, Sturm, Ruger & Co., Inc. y la Interstate Sales Corp., podrían estar en la mira del Gobierno Mexicano. Esas compañías están demandadas por el gobierno de México debido a que facilitan “activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en México”. Así dice la demanda que añade: “Casi todas las armas recuperadas en escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos”.
Esa demanda también deja en claro que “Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de formas que saben que arman rutinariamente a los cárteles de la droga en México. Los Demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, así como prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los Demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en al mercado criminal. Los Demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y una corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los Demandados desafían esas y muchas otras recomendaciones y en su lugar eligen continuar abasteciendo al mercado criminal de armas en México —porque se benefician de él”. Contra los propietarios y directivos de esas empresas iría la fuerza del Estado Mexicano, para frenar e impedir el flujo de armas que en México abate a miles y miles de personas involucradas en actividades ilícitas.
De ahí la significación de la iniciativa que promueve la Presidenta Sheinbaum y el respaldo pleno que ha manifestado el Gobernador Navarro Quintero. La redacción de los dispositivos constitucionales propuestos, no deja lugar a dudas. Por una parte, deja en claro que el gobierno de México puede colaborar y cooperar con los gobiernos extranjeros en las acciones contra las actividades criminales de toda laya. Por otro lado, se deja en claro que propietarios y directivos de empresas fabricantes de las armas que circulan en México de manera ilícita, podrían ser procesados en el país. De ahí podrían desprenderse ordenes de aprehensión y luego, solicitudes de extradición, con todas las consecuencias que de ello deriven.
Es una iniciativa, la que envía la Presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión, que afecta a nacionales y a extranjeros por igual. Imaginemos lo que ocurriría con una segunda parte de la “Operación Rápido y Furioso”*. Quizá mejor sería no imaginar nada.
Todos los gobernadores del país se enfrentan a diferentes problemas, pero en cuanto a la violencia asociada con el crimen organizado, existe un denominador común, las armas de origen estadounidense. Las armas que se ven en Coahuila, o las que se usan en Sinaloa, o aquellas que en Chiapas o Guanajuato le quitan la vida a cientos de personas, en su mayoría provienen de los Estados Unidos. Esa es la razón por la que el Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero ni se confía ni se cruza de brazos en materia de seguridad. Tampoco procede el ensimismamiento, pues el cierre de filas es imperativo de unidad nacional y el mandatario estatal actúa en todo momento en defensa de la unidad nacional, de la soberanía nacional y en favor del bienestar de todos.
* Un documento del Senado de la República sirve para darnos una idea de las consecuencias radicales que tendrá esa modificación a la Ley Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos. El mismo, se refiere «a la práctica del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de realizar operativos a través de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, para introducir ilegalmente armas a nuestro país, como es el caso, entre otros, del denominado escándalo “Rápido y Furioso”».
