La publicación del Reporte Mundial de “Human Rights Watch” 2025 me llevó a la decisión de dedicarle dos colaboraciones en este espacio: una, sobre el marco general que Tirana Hassan, su directora, resume en la introducción y, otra, sobre el reporte sobre México…
En el marco general, el documento destaca que el año 2024 “puso a prueba la integridad de las instituciones democráticas y los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, reconoce que muchos gobiernos no han superado la prueba y subraya que “incluso aquellos gobiernos abiertos y predispuestos a la acción han acogido los estándares de derechos humanos de manera poco enérgica e inconsecuente”.
El reporte sobre nuestro país ―cuya riqueza radica en los numerosos enlaces que contiene― inicia con una mirada al contexto en que la primera presidenta de México asumió el cargo: “heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hizo pocos avances para hacer frente a estos desafíos”.
El primer tema abordado es el de la violencia criminal. Reconoce una ligera baja en la tasa de homicidios, acompañada, sin embargo, de un aumento en el número de desapariciones y subraya que en 2022 [“sic”] seis ciudades registraron tasas de homicidios superiores a 100 por cada 100,000 habitantes.
El siguiente tema es el de la independencia judicial. En él se habla de la modificación constitucional que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros y de la postura de la relatora especial de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que consideran que este cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo.
En ese mismo tema judicial, el reporte de HRW afirma que el sistema de justicia penal en nuestro país es extremadamente ineficaz: las fiscalías no investigan de manera eficaz y rara vez persiguen penalmente a las personas responsables; solo el 16% de las investigaciones penales fueron resueltas en 2022; con frecuencia las personas acusadas de delitos son sometidas a torturas o al uso excesivo de la prisión preventiva…
Sin abandonar el tema judicial, el reporte señala también ―en uno de los apartados más amplios― que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en nuestro país y subraya que la aprobación de una modificación constitucional para ampliar la lista de delitos que requieren prisión preventiva automática contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México eliminar esa práctica.
Desapariciones es el otro apartado más amplio del reporte. En él se hace mención de las 115,000 personas consideradas desaparecidas en septiembre de 2024; de que muchas de ellas podrían haber sido asesinadas y enterradas en las casi 5,700 fosas clandestinas que se han descubierto; de 53,000 restos humanos almacenados a la espera de ser identificados; de 72,000 restos humanos marcados como no identificados por morgues estatales entre 2006 y 2023, la mayoría de las cuales habían sido enterradas en fosas municipales; de las omisiones de la autoridad para investigar cuando reciben denuncias de las familias de las personas desaparecidas; de los más de 230 colectivos de búsqueda que se han creado, de las amenazas y violencia que enfrentan y del asesinato de 16 miembros de esos colectivos durante el gobierno de López Obrador.
En el tema de pobreza y desigualdad, el reporte reconoce el aumento importante del salario mínimo y la casi duplicación de las remesas de los mexicanos en el extranjero y la reducción de la tasa de pobreza del 41.9% en 2018 al 36.3% en 2022. Sin embargo, también señala que México sigue teniendo una de las tasas de desigualdad de ingresos más alta del mundo y la relación más baja entre impuestos y PIB de la OCDE y una de las más bajas de América Latina y el Caribe.
Privacidad y acceso a la información es otro de los 15 temas que aborda el reporte. En este punto menciona la decisión de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, haciendo notar que los relatores especiales de las Naciones Unidas señalaron que la propuesta ―que ya ha sido aprobada― socavaría gravemente los derechos a la privacidad y al acceso a la información. Asimismo, señala que la transferencia de más de 100 tareas a las Fuerzas Armadas redujo el acceso a la información sobre el gasto público.
Dicho rubro concluye con la referencia a la denuncia de la utilización del software Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de partidos de la oposición y altos funcionarios del gobierno.
Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos es el siguiente tema abordado en el reporte. En él, se habla de 3,408 agresiones o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y 4 desaparecidos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024 y de 14 defensores de derechos humanos y 18 defensores ambientales asesinados.
En cuanto a Abusos militares, el reporte señala, ante todo la modificación constitucional que elimina la disposición que prohibía a los militares ejercer funciones no militares en tiempos de paz y recuerda que los militares han estado implicados en graves abusos contra civiles, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; que las acusaciones contra ellos rara vez son investigadas eficazmente y que han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado.
El acceso al aborto conforme a la sentencia de la Suprema Corte de 2021 es otro tema que aborda el reporte. Ahí señala que aunque 19 estados lo habían despenalizado en todas las circunstancias hasta las 12 semanas de embarazo, muchas personas siguen enfrentando obstáculos para acceder a él.
En cuanto a los migrantes, el informe habla de 830,000 aprehensiones entre enero y junio de 2024 por parte de soldados y agentes de migración y del hecho de que son víctimas de graves abusos, incluyendo violencia sexual, robos a mano armada, secuestros y extorsiones, cometidos por grupos criminales o funcionarios mexicanos.
Avances significativos en los temas de orientación sexual e identidad de género [matrimonio igualitario, cambio de nombre y marcadores de género para personas transgénero]; relativos avances en derechos de las personas con discapacidad y retrocesos en política climática, completan los 15 temas del reporte 2025 de “Human Rights Watch” 2025 sobre México…
