Más allá de corresponder a un trabajo realizado por “Causa en común”, una organización de la Sociedad Civil en la que se suman los esfuerzos de “Ciudadanos por una causa en común AC” y “Horizonte y Oportunidad AC” ―una de esas organizaciones cuyas publicaciones merecen seguir siendo tomadas en cuenta a pesar de haber sido condenadas en el sexenio anterior y de sobrevivir en condiciones precarias y en una invisibilidad casi completa― el título de estas “palabras” expresa, de manera tan compacta como contundente, el fenómeno trágico de los desaparecidos en nuestro país, muchos de los cuales probablemente están sepultados en fosas clandestinas, han sido disueltos en ácido, devorados por algún animal o incinerados [Nombres sin cuerpo] y el patético fenómeno de los miles de cuerpos que han sido inhumados en fosas comunes [48,108 según un artículo de investigación de Animal Político] o permanecen en Semefos [Cuerpos sin nombre]…
Encontrar el nombre de María Elena Morera como Presidenta, así como los de María Amparo Casar o Ana Laura Magaloni entre los Consejeros del organismo puede despertar sospechas entre algunos lectores porque estas mujeres han sido ―como otras y otros― satanizados por su neoliberalismo, por su ubicación política de derecha o acusados de estar al servicio de los intereses norteamericanos o, incluso, de traición a la patria…
Sin embargo, trabajos como este hacen posible ―a final de cuentas es la tarea de las organizaciones de la sociedad civil― obtener datos confiables [por las fuentes utilizadas] de fenómenos determinados y, en al menos algunos casos, tener elementos para entenderlos y vislumbrar caminos de salida.
En el capítulo que lleva por título “La desaparición de personas en México” en el que centraré estas “palabras”, el trabajo explora el fenómeno teniendo como fuente el “Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Al 31 de diciembre de 2024, en esa base de datos había un total de 344,592 registros el 65% de los cuales correspondía a personas ya localizadas y el 35% a personas que seguían desaparecidas.
Ese 35% correspondía a 120,628 personas desaparecidas y no localizadas a finales de 2024, el 89% de las cuales desaparecieron entre 2006 y 2024.
Por si esto fuera poco, el gráfico que ilustra estos datos muestra que a lo largo de estos dieciocho años se pueden detectar tres periodos: entre 2006 y 2011 un periodo de aumentos anuales sostenidos; entre 2012 y 2015 un periodo de relativa estabilidad y, a partir de 2016, un periodo de elevados incrementos anuales que alcanzó la cifra más alta en 2024 con un total de 13,449 personas desaparecidas, que representan ―en comparación con 2023― un aumento del 30%.
Desagregados por género y edad, entre 2006 y 2024 desaparecieron 23,626 mujeres, 14,316 menores de edad y 82,686 varones…
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024 se registraron un total de 53,261 personas desaparecidas [25 por día], siendo Jalisco [6,724], el Estado de México [5,425] y Michoacán [3,758] las entidades en que hubo un número mayor de personas desaparecidas.
En este caso ―como en otros semejantes― el dato más relevante no es el número, sino la tasa, el porcentaje en relación con el total de la población.
Desde esa perspectiva, la tasa más alta de desapariciones por cada 100,000 habitantes en ese periodo la tiene Zacatecas con 155, seguido por Tamaulipas con 95 y Jalisco con 81.
Mirando más abajo en el gráfico, encontramos a Sonora con 80, Michoacán con 79, Sinaloa con 77 y… ¡Nayarit! con 75, seguido por Tabasco, con 69 y Morelos con 65.
“Nombres sin cuerpo y Cuerpos sin nombre” ofrece otro dato relevante: el número de desapariciones por día durante el sexenio de Felipe Calderón [8], de Enrique Peña Nieto [15] y de Andrés Manuel López Obrador [25], así como el número de desapariciones por día durante los primeros 100 días de cada una de esas administraciones [2, 11 y 20] y de la administración de Claudia Sheinbaum [¡41!].
Estos datos, sin duda, pueden leerse como provenientes de la animadversión ante los gobiernos de la “4T” y de la alineación con los gobiernos neoliberales, pero también pueden ser leídos como una llamada de atención ante un fenómeno que irrumpió con fuerza a partir de 2006 y que, a partir de 2016, ha venido aumentando sin que el inicio de una nueva administración dé muestras de estarlo revirtiendo, como sí lo está mostrando en otros rubros del ámbito de seguridad…
En ese mismo capítulo, el trabajo aborda dos factores relacionados con las cifras: la manipulación de los registros y las fosas clandestinas.
En el tema de la manipulación de los registros, se hace mención de la creación de tres nuevas categorías: personas ubicadas, personas sin datos suficientes para identificar y personas sin indicios para su búsqueda, las cuales posibilitan el “maquillaje” de las cifras, así como del “censo” realizado por personal de la Secretaría del Bienestar, el cual, haciendo uso de las tres nuevas categorías, redujo la cifra de personas desaparecidas a 12,377.
Sin embargo, el portal de la RNPDNO continúa actualizando la cifra que el “censo” pretendía desmentir.
En la última sección del capítulo, el trabajo aborda el tema de las fosas clandestinas y habla de, al menos 2,737 fosas localizadas entre 2020 y 2024 y de 4,701 cadáveres y 6,072 restos humanos durante el sexenio anterior…
El capítulo III se puede decir que está dedicado a mostrar la insuficiencia de las medidas tomadas por el gobierno mexicano para atender el problema, subrayando dos elementos: la precariedad de las fiscalías y unidades forenses y la falta de un marco legal adecuado y de tipos penales homologados en todo el país.
De acuerdo con la Ley General correspondiente, la Fiscalía General de la República y las 32 Fiscalías de las Entidades Federativas deben contar con fiscalías especializadas en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares a partir de febrero de 2018, pero en febrero de 2025 cinco entidades no habían cumplido con dicha obligación y no había ningún tipo de seguimiento sobre el desarrollo y desempeño de las 27 fiscalías especializadas existentes.
A eso, hay que sumar que los presupuestos asignados ―esos que muestran las relevancia de los asuntos― no solo son insuficientes, sino que han disminuido en contraste con el aumento del número de desapariciones…
Concluyo la exploración de este trabajo con una cita textual relacionada con las unidades forenses, dejando fuera los temas del marco legal y la homologación de tipos penales: “El deficiente seguimiento de las cadenas de custodia y la escasez de recursos financieros y humanos en las unidades forenses del país han provocado que un creciente volumen de cuerpos se acumule en las morgues del país, sin que existan condiciones que permitan su identificación y/o su devolución a sus familiares, siendo este el preámbulo de su inhumación en las fosas comunes”.
