Especial Meridiano | Jorge Enrique González
Unos y otros son mexicanos. Eso los une. Pero los separa el gentilicio: nayaritas éstos, jaliscienses aquéllos. También la propiedad: pequeños propietarios los ganaderos, comuneros los del otro lado de la frontera estatal. Y unos documentos triplemente centenarios.
Desde los tiempos virreinales, los pueblos wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños han sostenido que las tierras ubicadas en la zona de Huajimic, ahora Nayarit, les pertenecen. Poseen títulos de merced otorgados en 1718, ratificados por la Real Audiencia. Es el reconocimiento de la Corona de su derecho a tierras que les pertenecían antes de la llegada de los españoles. Durante más de dos siglos, los habitantes originarios ocuparon y trabajaron esas tierras sin conflictos formales. Fue hasta el siglo XX que inició una ocupación sistemática por parte de pequeños propietarios y ganaderos mestizos.
En 1953, el gobierno mexicano emitió una resolución presidencial reconociendo a la comunidad wixárika la propiedad de 240 mil hectáreas. A pesar de ello, nunca se ejecutó totalmente. Las invasiones continuaron. Según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), hacia 1990 había cerca de 50 mil hectáreas invadidas (CEPAD, 2017, p. 35).
La lucha legal se intensificó tras la creación de los Tribunales Agrarios en 1992. La comunidad inició más de 40 juicios de restitución de tierras, todos sustentados en la resolución presidencial y los títulos virreinales. Los documentos y la narrativa indigenista del Estado mexicano jugaron siempre a su favor.
El primer fallo favorable se ejecutó ese mismo año. El Tribunal Unitario Agrario ordenó la restitución de 184 hectáreas a la comunidad. Fue una entrega simbólica y también tensa. Ganaderos bloquearon caminos, hubo amenazas y funcionarios retenidos (Partida, 2016). A partir de entonces, las sentencias favorables siguieron, pero su ejecución encontró constantes resistencias.
La comunidad ha insistido en una salida pacífica. En 2017, tras otra restitución de 64 hectáreas, hubo destrucción de viviendas y denuncias de violencia (Partida, 2017). En mayo de ese año, fue asesinado Miguel Vázquez Torres, uno de los representantes agrarios. El hecho sigue impune. Los líderes comunales han documentado los actos de hostigamiento. Han presentado pruebas ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En paralelo, la estrategia comunitaria se amplió. Organizaron marchas, caravanas y encuentros públicos para visibilizar su causa. En 2022, recorrieron más de mil kilómetros desde la sierra hasta la Ciudad de México. Pedían que se ejecutaran las sentencias pendientes y se indemnizara a los poseedores para evitar violencia. Durante la caravana, la comisionada Luciana Vázquez Minjarez declaró: “Hace 22 días que salimos de nuestra comunidad, dejando a nuestra familia, a nuestros hijos y venimos caminando como manifiesto para que se nos atienda con la resolución del conflicto, pero hasta la fecha el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto y con esto vuelvo a reafirmar que en México los pueblos indígenas somos los invisibles, los sin voz, los sin derechos” (ZonaDocs, 2022).
Esa caravana logró eco mediático y político. Fue recibida por legisladores, organismos civiles y medios internacionales. El caso comenzó a trascender los límites regionales y se convirtió en ejemplo de litigio indígena con sustento documental y legal.
En noviembre de 2023, el gobierno federal restituyó 2 mil 585 hectáreas a través del Programa COSOMER de SEDATU. Fue posible gracias a convenios de indemnización entre comuneros y trece propietarios (Gobierno de México, 2023). La decisión marcó un giro en la política agraria: reconocer los derechos históricos y, al mismo tiempo, compensar económicamente a los terceros involucrados. Fue un juicio salomónico, pero en positivo: unos más, otros menos, tienen derechos legítimos que reclamar. Unos esperaron siglos para volver a las tierras que eran suyas. A cambio de entregarlas, otros recibirán una especie de fondo para reiniciar diversa actividad productiva.
Ayer (5 de mayo), el gobierno federal anunció una nueva entrega: 2 mil 471 hectáreas, con una indemnización de 158.3 millones de pesos para quince ganaderos. Se trata de una de las restituciones más significativas desde que inició el litigio, aunque ligeramente menor en superficie a la realizada en 2023. De las 10 mil hectáreas reclamadas, se ha recuperado ya el 56.7% (Partida, 2025). Las autoridades han insistido en que el proceso continuará y que se promoverá su carácter pacífico.
Detrás de cada avance hay negociaciones complejas, peritajes agronómicos y presencia judicial. Los ganaderos de Huajimic, organizados en comités locales, han manifestado su rechazo a la restitución sin compensación. En 2018, el Tribunal Agrario decidió suspender las entregas por falta de recursos federales para evitar un escalamiento violento (Del Castillo, 2018). La tensión en la región ha sido constante. Las comunidades vecinas han expresado temor ante una posible ola de violencia.
La historia del conflicto no es sólo jurídica. Es también una historia de identidad y resistencia. Para los wixárika, recuperar esas tierras es recuperar parte de su autonomía. La defensa del territorio, han repetido en distintos foros, no es negociable. No se trata sólo de tierra. Se trata de origen, de permanencia, de derecho a existir bajo sus propias reglas.
Hoy, con más de 5 mil hectáreas recuperadas y sentencias favorables en firme, el caso de Huajimic es uno de los más documentados del país. Ha sido abordado por universidades, organismos de derechos humanos y medios nacionales. La solución, aunque parcial, ha sido producto de décadas de litigio, movilización social y presión política.
Quedan alrededor de 4 mil 500 hectáreas por restituir. La comunidad insiste en avanzar sin violencia. El gobierno ha dicho que seguirá el proceso. Mientras tanto, las tierras en disputa siguen esperando. Al igual que la justicia.
Para saber más, consultar:
CEPAD. (2017). Huajimic, el último reducto del invasor. En Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2016 (pp. 35-37). Guadalajara: CEPAD.
Del Castillo, A. (2018, 23 de mayo). El tribunal agrario suspende entrega de predios en Huajimic. Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/tribunal-agrario-suspende-entrega-predios-huajimic
Gobierno de México. (2023, 8 de noviembre). Restituye Gobierno de México más de 2 mil 585 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán. https://www.gob.mx/segob/prensa/restituye-gobierno-de-mexico-mas-de-2-mil-585-hectareas-a-la-comunidad-wixarika-de-san-sebastian-teponahuaxtlan
Henríquez Bremer, C. M. (1995). El conflicto agrario de la comunidad huichol de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños con los posesionarios nayaritas de Puente de Camotlán. Tesis de licenciatura en Derecho, UNAM.
López Bárcenas, F. J. (2022). La marcha wixárika en defensa de su territorio. Hechos y Derechos (IIJ-UNAM), Nº 70, julio-agosto. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/16872
Partida, J. C. (2016, 24 de septiembre). Recuperan huicholes de Jalisco tierras en Nayarit. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2016/09/24/estados/023n1est
Partida, J. C. (2017, 24 de septiembre). Riesgo de violencia en Huajimic, alertan huicholes. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2017/09/24/estados/034n1est
Partida, J. C. (2025, 5 de mayo). Sheinbaum emitirá decreto para restituir tierras a pueblo wixárika. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2025/05/05/estados/025n1est
ZonaDocs. (2022, 17 de mayo). Caravana de Dignidad y Conciencia Wixárika avanza con paso firme hacia la CDMX. https://www.zonadocs.mx/2022/05/17/caravana-de-dignidad-y-conciencia-wixarika-avanza-con-paso-firme-hacia-la-cdmx/
