Reporte Especial | Meridiano
El conflicto limítrofe entre Jalisco y Nayarit escaló de tono este jueves, luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, amenazara públicamente con detener a la alcaldesa de Del Nayar, Imelda Escobedo López, si vuelve a ingresar a comunidades wixárikas ubicadas en la zona en disputa entre ambas entidades.
Durante una rueda de prensa, Lemus afirmó:
“No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía y tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la presidenta municipal por haber hecho esto, y a la siguiente vez que esto suceda, vamos a tener que detener personas.”
Las declaraciones del gobernador se produjeron tres días después de que el Ayuntamiento de Del Nayar ya había emitido un comunicado oficial, el 19 de mayo, en el que explicó que la visita de Escobedo López a la comunidad de Tutuyecuamama tuvo como único objetivo la entrega de apoyos alimentarios, actividades comunitarias y la supervisión de una obra de agua potable.
El Ayuntamiento rechazó categóricamente que se hayan cometido actos de gobierno indebidos y citó como respaldo el inciso C de la suspensión vigente dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional 108/2018, el cual señala:
“Continúen prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población que habite en las localidades materia de la controversia.”
Con base en esta disposición, el gobierno municipal de Del Nayar sostiene que no incurrió en ninguna violación a la ley, y que el acto de atención comunitaria estuvo plenamente permitido dentro del marco de la suspensión vigente.
Funcionarios y sectores locales calificaron como excesivas y desproporcionadas las declaraciones del gobernador Lemus, quien no sólo acusó una “violación a la soberanía de Jalisco”, sino que además atribuyó fines político-electorales a la visita, pese a que no presentó prueba alguna. La amenaza directa de detención fue interpretada por autoridades nayaritas como un intento de intimidación injustificada hacia una autoridad municipal electa que cumplía funciones básicas de atención a una comunidad indígena en situación de vulnerabilidad.
La visita de la alcaldesa terminó con su retención por parte de comuneros de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic. La situación fue resuelta mediante una mesa de diálogo interinstitucional entre el Gobierno de Jalisco, el Gobierno de Nayarit, autoridades federales y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), lo que permitió la liberación de la presidenta municipal, su comitiva y personal militar que la acompañaba. El regreso a Nayarit fue escoltado por elementos de la SEDENA.
El Ayuntamiento de Del Nayar reiteró que su compromiso es con la atención social y el respeto al estado de derecho, y exhortó a las autoridades de Jalisco a no convertir un acto humanitario en una confrontación política. Asimismo, solicitó que las diferencias sobre los límites territoriales se diriman en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no en el espacio público con declaraciones punitivas.
