La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, político y económico de cualquier nación. Su función principal es garantizar el orden, la paz y la protección de los derechos de los ciudadanos. En un mundo cada vez más globalizado y complejo, los desafíos que enfrenta la seguridad pública se han diversificado, incluyendo no solo la criminalidad tradicional, sino también nuevas amenazas como el crimen organizado, la ciberdelincuencia y el terrorismo. En este contexto, es necesario repensar estrategias, políticas y estructuras institucionales que permitan enfrentar estos retos con eficacia y respeto a los derechos humanos.
La seguridad pública implica la participación de distintas instituciones del Estado, entre ellas la policía, el sistema judicial, las fuerzas armadas (en algunos contextos) y los organismos de inteligencia. Su labor no solo es reactiva, enfrentando delitos una vez cometidos, sino también preventiva, con políticas orientadas a reducir las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.
Uno de los principales problemas que enfrenta la seguridad pública en muchos países es la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizarla. Casos de corrupción, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos han debilitado la legitimidad de estas instituciones. Por ello, la reforma policial, la capacitación continua y el fortalecimiento del Estado de derecho se presentan como elementos esenciales para una seguridad efectiva y democrática.
Además, la seguridad pública no puede depender únicamente del uso de la fuerza. Es fundamental incluir políticas públicas integrales que aborden factores sociales y económicos que alimentan la inseguridad. La inversión en educación, salud, empleo y espacios comunitarios ha demostrado ser una estrategia eficaz para disminuir los índices de criminalidad a mediano y largo plazo.
Otro aspecto clave es la tecnología. El uso de cámaras de vigilancia, análisis de datos y herramientas digitales ha transformado la forma en que se previene y combate el crimen. Sin embargo, el uso de estas herramientas debe estar acompañado de mecanismos de control y regulación que eviten violaciones a la privacidad y otros derechos fundamentales.
La seguridad pública es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Su eficacia no se mide únicamente por la cantidad de delitos cometidos, sino también por la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la garantía de los derechos humanos y la promoción de una convivencia pacífica. Enfrentar los retos actuales en esta materia exige una visión integral, basada en la prevención, la justicia y la participación ciudadana. Solo así será posible construir comunidades más seguras, justas y resilientes.
Tepic enfrenta desafíos importantes. La presencia del crimen organizado y casos de desapariciones siguen siendo una preocupación.
Además, los antecedentes de corrupción, como el caso del exfiscal Edgar Veytia, han dañado la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
Para mejorar la seguridad en Tepic, no solo se necesita más vigilancia, sino también prevención del delito, educación y oportunidades para los jóvenes. La colaboración entre autoridades y ciudadanía es clave para lograr una ciudad más segura y justa.
