En México, quien se retrasa en el pago de un crédito puede descubrir que su deuda crece como si tuviera vida propia. Lo que debía ser una ayuda para salir adelante termina por asfixiar al deudor. No es un mito urbano, sino una práctica legal: se llama anatocismo, y consiste en cobrar intereses sobre intereses. Lo permite una ley que data de 1890, cuando Porfirio Díaz aún gobernaba.
Esa norma, contenida en el Código de Comercio, no ha sido modificada en más de un siglo, y hoy sigue dando soporte a bancos, casas de empeño y prestamistas particulares para multiplicar las deudas de quienes no pagan puntualmente.
Tomás Pérez Ruiz, dirigente estatal del Barzón, organización que defiende a personas endeudadas, señala que el problema no es solo económico, sino legal. “Es una deuda pendiente del Estado mexicano con su gente”, dice. El Código de Comercio, explica, “protege al gran capital, no a los ciudadanos comunes”.
Desde hace treinta años, el Barzón ha planteado la necesidad de actualizar las leyes mercantiles e hipotecarias. Según Pérez Ruiz, estas normas han sido diseñadas para garantizar la recuperación del dinero a quienes prestan, aun a costa del patrimonio de las personas. “No hemos visto una sola acción legislativa clara y contundente que busque corregir estas ventajas legales que siguen beneficiando a los más poderosos”.
El dirigente considera que se trata de un rezago histórico. “Pasó la Revolución, el cardenismo y ahora estamos en la Cuarta Transformación, pero la ley sigue siendo la misma. Esto favorece a bancos, casas de empeño y particulares que se dedican al préstamo con fines de lucro, sin ningún tipo de freno o contrapeso”.
En Nayarit, cada año se abren más de 10 mil expedientes judiciales en materia mercantil. Muchos de ellos, señala el Barzón, son juicios hipotecarios donde los deudores no tienen posibilidad real de negociar, y terminan perdiendo casas, vehículos y bienes esenciales.
Pérez Ruiz no solo responsabiliza al Poder Legislativo por mantener vigente la norma, sino también al Poder Judicial, que, según afirma, suele fallar sistemáticamente a favor de los acreedores. “La ley protege al que presta, sin importar si el préstamo fue abusivo o si las condiciones eran injustas desde el inicio”.
El Barzón plantea que la única salida está en una reforma legal que prohíba el anatocismo y establezca un marco justo para ambas partes. También propone reglas más estrictas para los prestamistas particulares, que muchas veces operan fuera de control y con tasas que duplican o triplican el valor del crédito original.
“No se trata de perdonar deudas, sino de evitar que la ley se use como herramienta para empobrecer más a quienes menos tienen”, concluye.
