Es tiempo de avanzar en la ruta de la reforma electoral. Este es un buen momento; más tarde sería demasiado tarde. No solamente en el plano local, sino en el ámbito federal se requiere retomar y con más fuerza, la propuesta de reformar las reglas en materia electoral. La reforma debe impactar el modelo electoral (hasta donde sea posible). Numerosas propuestas de reforma no solamente son lógicas y procedentes, sino que se muestran como imperativamente necesarias.
Para empezar, se requiere reducir el número de legisladores en la mayoría de los Estados de la República. Pongamos como ejemplo las cifras correspondientes al estado de Nayarit. En esta entidad, los legisladores locales “representan” a un número de ciudadanos, menor que el que representaba un diputado en 1970. El número de legisladores bien podría reducirse a unos 11 o trece diputados. Hay quienes suponen qué si el número se reduce a dos o tres, o a cero, no pasaría absolutamente nada. Para no llegar a tales extremos, convendría sencillamente apegarse a lo que dicta el 116 constitucional federal. Ese dispositivo se refiere a la cantidad de diputados que debe integrar una legislatura en función del número de habitantes de la respectiva entidad federativa.
Extinguir los organismos públicos locales electorales también ha sido una propuesta que podría recibir el apoyo generalizado, de tirios y troyanos. El PRI, el PAN y el tristemente célebre PRD, reconocieron que era necesario desaparecer los organismos electorales locales y concentrar todas las facultades de la materia en un organismo de carácter nacional. Recordemos que los abajo firmantes del “Pacto por México”, proponían desaparecerlos del mapa.
Actualmente las funciones esenciales en materia electoral, las más importantes, recaen en el organismo electoral nacional. Al INE le corresponde la capacitación electoral, define la geografía electoral, integra el Padrón Electoral y la Lista Nominal, ubica casillas y designa funcionarios de mesas directivas, fiscaliza ingresos y egresos, define reglas para la impresión de documentos electorales. No solamente hace esas tareas que dejan cuestiones secundarias a los “Oples”. También puede declarar la asunción o la atracción de procesos eleccionarios, o sea, de plano asumir total o parcialmente mente un proceso electoral local. Esto último ya lo ha hecho y de manera silenciosa, como en el caso de Nayarit en las elecciones locales de 2017.
De la misma manera, se ha propuesto reducir el número de regidores que integren los cuerpos de gobierno que deberían actuar de manera colegiada, los cabildos. A dicha propuesta podría agregarse la que consiste en definir geografía electoral para que cada regidor representa no solamente a todo un municipio, sino para que responda en materia de gestión social en favor de sus electores. Esto último se aplica en el estado de Nayarit y me parece que es procedente para todos los ayuntamientos del país.
El número de diputados federales bien podría reducirse. La cantidad de diputados federales podría disminuirse de 500 a 300. De entrada, cada entidad federativa podría asegurar dos diputados y de ahí en adelante, se agregarían más en función del número de habitantes. No se trata solamente de reducir el gasto que se hace para sostener el tren de vida de los diputados. La “representatividad” de cada uno de los legisladores no se vería afectada para nada y quizá los obligaría a acercarse más a los electores, dado que ahora solamente concurren con la población en las etapas de campaña, para luego montarse hasta nubes a las que prácticamente es imposible acercarse.
Procede reducir el número de legisladores federales en general, incluido el número de Senadores de la República. Ahora existen tres formas de acceder al Senado de la República. El primero es a partir de la aplicación de las reglas correspondientes a la Mayoría Relativa. Esto quiere decir que quienes obtienen la mayoría de votos aseguran un escaño en el Senado. La otra vía es la Primera Minoría, que consiste en llevar al Senado a quien encabeza la primera fórmula que compite por la representación de una entidad federativa. La tercera forma de acceder al Senado consiste en la presentación de parte de los partidos contendientes, de una lista nacional integrada por 32 nombres. De ahí, en función de la cantidad de votos que se obtienen, se asigna un número determinado de escaños para caga acrónimo.
Hasta ahora, las reglas exigen la presentación de planillas para competir por el Senado. Esas planillas deben integrarse por dos fórmulas. Cada fórmula debe llevar el nombre de una persona que compite para Senador como candidato propietario y otro nombre para contender como su suplente.
Se accede al Senado por el principio de Primera Minoría, logrando colocarse en el segundo lugar en el número de votos obtenidos por una fórmula. No se asignan dos escaños sino uno, que deriva de la primera fórmula.
Aquí lo cuestionable radica en la figura de Representación Proporcional, donde se asigna un número determinado de curules senatoriales en función del número de votos obtenidos por cada grupo de siglas. Esos senadores representan a los partidos, no a las entidades federativas.
La reforma bien podría considerar que los Senadores compitan por un escaño con fórmulas únicas de propietario-suplente y no con fórmulas dobles. Dicho de otra manera, las planillas con dos fórmulas de propietario-suplente debería acabarse. De esa manera podría eliminarse la figura de Primera Minoría, dado que los electores podrían votar por una fórmula y no por una planilla. De esa manera, el elector tendría el poder para votar por unas siglas por un Senador y por el candidato al Senado postulado por otras siglas diferentes.
De la RP en el Senado ni hablar. Esa figura debe desaparecer total, absoluta y definitivamente. La RP rompe con la paridad que debe caracterizar la integración del Pacto Federal. El Pacto Federal se integra por los representantes de cada entidad federativa. Las entidades federativas con mas población tienen dos senadores, igual que los estados con menos habitantes. La RP representa a los partidos, que no son integrantes del Pacto Federal.
Como podemos observar, hay mucho que hacer en materia de reforma electoral. Una de las tareas más importantes consiste en reducir el número de personas que acceden a cargos de representación popular. También debe analizarse la posibilidad de eliminar instancias administrativas (Oples) que solamente estorban la organización de las contiendas electorales. De la misma manera, los modelos para acceder a la representación deben cambiar. Esperemos que se atiendan las propuestas.
