En una escandalosa revelación que estremece los ya tensos cimientos de la política colombiana, el diario español El País publicó este domingo un artículo que, de confirmarse en su totalidad, bien podría configurarse como uno de los intentos más graves de desestabilización institucional de los últimos tiempos en América Latina. El texto expone una supuesta trama encabezada por el excanciller Álvaro Leyva, en la que —según fuentes y documentos obtenidos por el medio— se habría buscado apoyo político en los Estados Unidos para sacar del poder al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La denuncia, lejos de ser un simple chisporroteo mediático, constituye un golpe certero que no puede ser trivializado. Los señalamientos no solo salpican a figuras de oposición —como era previsible en un país tan polarizado—, sino que implican, de manera aún más perturbadora, a la propia vicepresidenta Francia Márquez, quien ha salido de inmediato a deslindarse con firmeza de cualquier participación en la supuesta conjura. Lo cierto es que, mientras la Fiscalía General de la Nación apenas comienza a asomarse al asunto, el daño político ya está hecho y la democracia colombiana se ve nuevamente expuesta a las veleidades de la ambición, la deslealtad y la tentación golpista.
La historia, aunque alarmante, no es nueva en nuestro hemisferio. América Latina ha estado plagada de episodios en los que las élites tradicionales, ante la imposibilidad de frenar por cauces democráticos a gobiernos que no responden a sus intereses, recurren a estratagemas que bordean la sedición. Y si bien Gustavo Petro —primer presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia— ha cometido errores de cálculo político, enfrentado escándalos y desgastado parte de su capital simbólico en su aún joven mandato, nada justifica que se conspire para derrocarlo fuera de las urnas.
Álvaro Leyva, un hombre de larga trayectoria en la vida pública colombiana, fue durante años un símbolo del diálogo, un interlocutor que supo tender puentes con la guerrilla en aras de la paz. Su papel como canciller fue esencial durante los primeros tramos del gobierno de Petro, particularmente en la recomposición de las relaciones con Venezuela. Que hoy su nombre aparezca ligado a una posible conspiración internacional para romper el orden constitucional es no solo paradójico, sino también profundamente decepcionante. Un político que se preciaba de ser un pacificador ha sido, si se acredita la versión de El País, un traidor silencioso.
La inclusión del nombre de la vicepresidenta Márquez en esta presunta maniobra tiene un tufo aún más oscuro. Francia Márquez, una lideresa afrocolombiana surgida desde los márgenes de la política tradicional, ha sido blanco constante de ataques racistas, clasistas y misóginos por parte de los sectores más conservadores. Que ahora sea usada como una pieza en el tablero de una conspiración no solo pretende erosionar la unidad del gobierno, sino sembrar cizaña entre sus bases populares. Sin embargo, la reacción inmediata de Márquez desmintiendo cualquier vínculo con el complot fue contundente y necesaria. En este momento, su palabra debe ser respaldada por una investigación que deslinde con claridad responsabilidades.
No está de más recordar que Petro ha sido un dirigente incómodo para muchos. Exguerrillero del M-19, senador combativo y figura constante de la oposición durante años, su ascenso a la presidencia en 2022 fue la culminación de una larga lucha política que puso de cabeza a las élites tradicionales. Desde entonces, ha promovido reformas en sectores sensibles como la salud, las pensiones, el trabajo y la transición energética. Algunas con mayor fortuna que otras, pero todas orientadas a modificar un modelo de país excluyente y profundamente desigual. Por eso, sus enemigos no descansan: no lo ven como un adversario político, sino como una amenaza existencial.
Pero es precisamente en este tipo de momentos cuando se debe apelar al respeto irrestricto de la democracia. Si Petro debe dejar la presidencia, será por la vía electoral. Si sus reformas no convencen, que sea el Congreso el que actúe con responsabilidad. Si hay delitos o excesos en su gobierno, que los entes de control y justicia hagan su trabajo sin interferencias ni presiones. Pero jamás puede admitirse que se gestione su caída desde despachos oscuros, pasillos extranjeros o cabildeos ilegítimos.
También resulta preocupante el aparente intento de algunos actores de involucrar a Estados Unidos en esta trama. La historia de América Latina está llena de intervenciones que, lejos de estabilizar, agudizaron los conflictos internos de nuestras naciones. La Casa Blanca y el Congreso estadounidense deben abstenerse de prestarse a juegos sucios de políticos locales. La responsabilidad de los destinos colombianos debe recaer, única y exclusivamente, en el pueblo colombiano.
En este sentido, es fundamental que la Fiscalía actúe con celeridad y transparencia. El país necesita saber la verdad, sea cual sea. Si Leyva es inocente, debe poder limpiar su nombre con la misma fuerza con la que hoy se le señala. Si es culpable, debe responder con todo el peso de la ley. Lo que está en juego no es una carrera política, sino la estabilidad institucional de una nación que ha hecho enormes esfuerzos por dejar atrás el conflicto armado y transitar hacia una paz con justicia social.
Y no menos relevante es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación. La denuncia de El País debe ser punto de partida para un debate serio, no para la desinformación o la manipulación. Es momento de que los sectores democráticos, sin importar su inclinación ideológica, levanten la voz en defensa de la institucionalidad. No se trata de apoyar a Petro per se, sino de proteger las reglas del juego que protegen a todos. Hoy es el presidente quien está bajo amenaza; mañana puede ser cualquier otro actor político legítimamente electo.
Colombia no puede permitirse otro ciclo de violencia política ni la repetición de los errores que tantas veces le han costado sangre y atraso. La transición hacia un país más justo no será sencilla, pero debe construirse desde el disenso democrático, no desde la conspiración y la traición. Si se confirma lo revelado por El País, se estará ante una herida profunda al alma democrática de ese país. Y si se trata de una acusación infundada, será igualmente grave por el daño reputacional a los involucrados. En ambos casos, solo la verdad y la justicia podrán salvar lo que queda de la confianza ciudadana.
Por ahora, corresponde a todos los actores —políticos, sociales y mediáticos— asumir con responsabilidad su papel. Que no se repitan los fantasmas del pasado. Que no se abone más el terreno de la desconfianza y el odio. Que la historia no vuelva a escribirse a punta de traiciones.
