La economía del estado no es marginal a lo que acontece en el mundo. Ahora que el mundo se conmueve con aranceles enloquecidos y sin ton ni son, con terrorismo anti inmigrante y con proteccionismo desenfrenado, en Nayarit se resiente lo que ocurre en el mundo. El Presidente Trump ha impuesto en su segundo mandato, una Era de Caos que no logrará echar raíces. El caos concluirá en enero de 2029, pero dejará el campo arrasado por la anarquía y la irracionalidad. ¿Qué se debe y que se puede hacer en un contexto aparentemente regulado por leyes, por acuerdos comerciales y por organismos internacionales? Frente a la estridencia y la vanidosa locuacidad, lo que se requiere es serenidad, templanza y acciones que hagan fluir un liberalismo humanista que no se olvide de la gente.
En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que hoy está en vigor en la versión del Acta de Estocolmo de 1967 (completado a su vez por el Acuerdo de Estrasburgo de marzo de 1971), se incluyen diversas medidas para reprimir la competencia desleal en el ámbito económico. La finalidad de tales disposiciones es la de generar condiciones para que en el escenario económico se manifiesten, con equilibrio, los términos de la competencia. Pero la lógica de la acumulación obedece más a leyes propias y eso lo corroboraron los teóricos de la economía centralmente planificada.
Por ello, estas expresiones del Derecho internacional público, sin embargo, sirven casi lo mismo que las teorías de la competencia perfecta, esto es, apenas para medio orientar algunas acciones contra la lógica de la acumulación capitalista y sobre todo para teorizar en torno a una realidad indiferente ante lo académico. Esto último es más evidente conforme atestiguamos la forma en que se desempeña la economía en regiones como la nuestra.
Es por eso que en el estado se requiere de una reflexión profunda, de un análisis de alto nivel que desemboque en propuestas de políticas públicas (clave para el desarrollo regional) para lograr un crecimiento sostenido de la economía y para aprovechar las ventajas de los procesos de globalización, lo mismo que para generar esquemas de blindaje contra los factores adversos que se derivan del ecumenismo económico.
Nuestra entidad inevitablemente se verá inmersa en un proceso de mayor inserción en los procesos librecambistas. No en un libre cambio en el orden de la decimonónica belleza teórica de las tesis de David Ricardo, pero tampoco en los términos de los fisiócratas, de los que tantos epígonos hay a pesar de la obsolescencia de dichas teorías. No, de lo que se trataría de propiciar es el librecambismo más en la lógica de la tercera vía.
La problemática de los productores del campo en el estado, ya es crónica. No hay nada nuevo. En esencia, el asunto puede ser considerado como un movimiento de origen social, pero no debe ser ignorado el móvil político-partidista que también está presente.
Sin embargo, conviene analizar el planteamiento que se ha formulado en el sentido de que deberá ser la oferta y la demanda lo que defina tanto precios como las condiciones para la realización de la producción primaria. Esto es, que deben ser las condiciones del mercado lo que definan los precios. Empero, queda claro que la competencia dista mucho de ser perfecta, y ni siquiera puede ser considerada como competencia aceptable, matiz del mercado “ideal”.
Debiera estar claro a estas fechas, que dada la asimetría de las economías con las que se vincula el país, así como con los mercados con los que tiene contacto, la competencia, igualmente, resulta asimétrica.
Recordemos en términos muy generales que el sector primario en los Estados Unidos, nación de la que México es socio comercial, ocupa a menos del 2 por ciento de la Población Económicamente Activa. También tengamos en cuenta que Canadá ocupa a menos de un 3 por ciento de su PEA en el sector primario. Asimismo, debemos tener presente que se considera como una agricultura eficiente aquella que ocupa a menos del 10 por ciento de la PEA, como ocurre en las naciones europeas. Frente a esos datos, también se debe considerar que los Estrados Unidos se benefician con la presencia de mano de obra migrante, esa a la que ahora persiguen con terrorismo del estado que viola el sentido común y todas las leyes humanas.
En contraste, la PEA ocupada en el sector primario en México es cercana al 20 por ciento. En Nayarit las últimas cifras nos hablan de una PEA ‘primaria’ superior al 20 por ciento, aunque en contraste, una participación en el PIB que no corresponde a los mismos parámetros. De ello debemos derivar que los desafíos para hacer competitivos los cultivos nayaritas, son desafíos mayores. No es posible, lo sabemos, lograr altos niveles de rentabilidad en el campo si se carece de una estrategia (en la que las políticas públicas son parte esencial, debemos insistir) que eleve los niveles de productividad, de lo que, a su vez, derive la fuerza competitiva en mercados que además deben (y pueden) ser ocupados por los productores del estado. No es posible resolver los problemas de frijoleros, ni de maiceros, ni de ningún otro renglón de la producción, si no se parte de la solución de problemas estructurales que tienen que ver con la productividad, con la competitividad y con la búsqueda de nuevos mercados.
El libre mercado, o el liberalismo económico requieren de la presencia claramente definida del Estado. Sobre todo, la presencia del sector público en particular, se requiere en la concepción, diseño e instrumentación de las políticas públicas acordes a las necesidades del desarrollo regional.
El desarrollo de los sectores productivos debe orientarse sobre bases democráticas. Las políticas públicas, no tanto las políticas económicas, requieren de un clima de gobernabilidad, de consensos sociales en los que todos los actores deben participar con criterio negociador. Esa gobernabilidad está presente en Nayarit y es de corte democrático. Esto sirve para que la economía se desempeñe de manera más eficiente y para que la asignación de los recursos se logre de manera más justa, más equitativa, con mayor equilibrio.
Privilegiar las fuerzas del mercado nos llevaría al más completo atraso, no solamente en el renglón del desarrollo social, sino hasta del mismo crecimiento económico. La verdad es que el mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda, desatadas y sin la presencia de criterios gubernamentales que las regulen, simple y llanamente se manifiestan en lo que Alponte denominaría, antieconomía.
Aprovechar el impulso de la oferta y la demanda, de las leyes que rigen al mercado, no se puede traducir como abandonar a su suerte a los sectores productivos.
Lo sencillo no se rige bajo el principio del dejar hacer-dejar pasar dado que ni París, ni Estocolmo ni Estrasburgo están presentes como sería deseable, en los ranchos feudales. De nuevo, debe impulsarse la reforma económica de la mano de la reforma política. Una al lado de la otra. No una sin la otra.
