La sorpresiva pero contundente decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar parcialmente la frontera con México para el tránsito de ganado procedente de nuestro país, bajo el argumento de contener la expansión del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), es mucho más que una medida sanitaria. Revela, por un lado, las profundas asimetrías en las relaciones comerciales bilaterales, y por otro, evidencia los vacíos de coordinación interna en México para responder de manera ágil y efectiva ante contingencias que, si bien son técnicas en origen, terminan teniendo consecuencias políticas, económicas y sociales de gran calado.
Apenas el 10 de julio, autoridades estadounidenses —a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS)— anunciaron el endurecimiento de controles e incluso la suspensión temporal del ingreso de ganado desde zonas del norte de México, específicamente Tamaulipas, Nuevo León y parte de Coahuila, debido a la detección de casos de infestación por el gusano barrenador. Esta plaga, que se creía erradicada desde hace décadas gracias a un sofisticado programa binacional de erradicación iniciado en los años 70, representa una amenaza seria no sólo para el hato ganadero sino también para la salud humana, pues sus larvas se alimentan de tejido vivo, causando lesiones severas.
Para entender la magnitud del problema, basta decir que la presencia de este parásito activa de inmediato los protocolos de cuarentena zoosanitaria más estrictos en la región, con implicaciones directas en el comercio internacional. El cierre parcial de la frontera afecta de forma inmediata a exportadores de ganado en pie, pero también repercute en la industria cárnica, en los mercados de forraje, en los transportistas y, por supuesto, en miles de pequeños y medianos ganaderos que dependen del comercio transfronterizo para subsistir.
Lo que sorprende, sin embargo, no es la respuesta de Estados Unidos, que actúa en defensa de su estatus zoosanitario y bajo estándares internacionales que tiene derecho a preservar, sino la lentitud con que reaccionaron las autoridades mexicanas. Durante semanas, asociaciones ganaderas del norte del país venían advirtiendo sobre la aparición de casos sospechosos, y aunque el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) actuó con cierta diligencia, queda claro que faltó una estrategia de comunicación, contención y coordinación con el sector productivo.
A estas alturas, ya se han activado brigadas de vigilancia y control, se han delimitado zonas de cuarentena, y se intensificó la liberación de moscas estériles —método biológico con el que tradicionalmente se ha controlado al gusano barrenador—, pero la pregunta que flota en el aire es por qué se tardó tanto en escalar la alerta y establecer un canal diplomático eficaz para negociar medidas alternativas al cierre, como podrían haber sido los embarques bajo supervisión conjunta o la certificación individual de animales sanos.
Además, no puede soslayarse que este episodio ocurre en un contexto particularmente tenso para la relación bilateral. En plena campaña electoral en Estados Unidos, con Donald Trump nuevamente al frente del discurso antimexicano, no son pocos los que ven en esta medida un uso político de una contingencia sanitaria. Y aunque sería irresponsable afirmar que el cierre fronterizo es un acto deliberadamente hostil, tampoco se puede descartar que ciertos sectores del gobierno estadounidense aprovechen la ocasión para endurecer posturas, ganar simpatías nacionalistas y presionar en otras áreas de la agenda bilateral.
Del lado mexicano, el desafío es múltiple. Por un lado, urge una estrategia integral de atención a la emergencia sanitaria: más presupuesto para vigilancia epidemiológica, apoyo directo a ganaderos afectados, campañas masivas de información y, sobre todo, transparencia absoluta en los reportes. No se debe permitir que la opacidad o la improvisación agraven una crisis que todavía es contenible si se actúa con responsabilidad.
Por otro lado, se requiere una diplomacia más activa y técnica, que evite que las decisiones unilaterales del vecino del norte se conviertan en regla. El acuerdo binacional para la erradicación del gusano barrenador, que involucra al Departamento de Agricultura de EE.UU. y a SENASICA, debe ser revitalizado, refinanciado y dotado de nuevas capacidades para responder ante brotes con mayor celeridad.
Pero más allá de lo inmediato, este episodio debe llevarnos a reflexionar sobre la fragilidad de nuestros sistemas de bioseguridad y la necesidad urgente de invertir en sanidad agropecuaria. No se trata sólo de proteger a las vacas —como algunos, con ligereza, pudieran suponer— sino de defender una industria que representa cerca del 8% del PIB agroalimentario nacional, que genera cientos de miles de empleos y que, además, es clave para la balanza comercial del país.
Y como suele ocurrir en estos casos, los más perjudicados no son los grandes consorcios ganaderos, que tienen reservas financieras y acceso a seguros, sino los pequeños productores que ven cómo se cierran las puertas del mercado sin que haya una red de protección que les permita resistir el golpe. ¿Dónde están los mecanismos de compensación? ¿Qué papel jugarán los gobiernos estatales y municipales para amortiguar los efectos sociales de esta parálisis?
Conviene recordar que el modelo actual de producción agropecuaria en México está cada vez más expuesto a factores externos, no sólo por la interdependencia comercial con Estados Unidos, sino por los efectos del cambio climático, el deterioro ambiental y las nuevas enfermedades emergentes. El caso del gusano barrenador no es un incidente aislado: es una señal de alerta que nos llama a repensar nuestra soberanía agroalimentaria, no como una consigna nacionalista sino como una política de Estado basada en la prevención, la ciencia y la cooperación internacional.
También es momento de poner sobre la mesa la necesidad de modernizar los tratados comerciales para que incluyan cláusulas más claras de gestión conjunta ante brotes sanitarios, sin que ello implique cierres arbitrarios ni medidas punitivas. La región de América del Norte debe aprender a responder de manera coordinada a las amenazas comunes, porque el gusano no respeta fronteras ni banderas.
En suma, el cierre parcial de la frontera por el gusano barrenador es un llamado de atención que no debe minimizarse. Más que una crisis, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestros sistemas de respuesta, mejorar nuestras relaciones bilaterales y, sobre todo, proteger a quienes día con día sostienen con su trabajo la cadena alimentaria del país. La plaga es real, pero más grave sería permitir que la negligencia, la politización o la indiferencia terminen siendo más letales que el propio insecto.
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