Una vez más, el tema de la violencia política en razón de género se posiciona en el centro del debate nacional, esta vez por una resolución que, si bien parte de un principio legítimo —la necesidad de erradicar cualquier forma de agresión hacia las mujeres en el ámbito público—, ha generado una controversia válida respecto al alcance, la proporcionalidad y, sobre todo, la sensatez de las sanciones impuestas.
El caso de Karla María Estrella, ciudadana sonorense obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos por haber incurrido en violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras, ha escalado no solo por la resolución misma, sino por la crítica directa que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves desde Palacio Nacional.
“La sanción es un exceso”, dijo tajante la mandataria, con esa mezcla de firmeza serena y convicción ideológica que empieza a perfilar su estilo de gobierno. Agregó con contundencia: “El poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que durante 30 días tenga que disculparse. Sí puede haber una sanción, pero debe estar en su justa dimensión”. Estas palabras, lejos de entrometerse de manera indebida en la autonomía del Tribunal Electoral, representan una posición crítica y, en todo caso, un llamado a revisar no el fondo —la condena a la violencia de género—, sino la forma en que se está pretendiendo hacer justicia.
No puede ni debe ignorarse la raíz de este conflicto: la violencia política de género existe, lacera y se multiplica en todos los niveles del ejercicio público, desde los círculos del poder hasta el activismo ciudadano. Las mujeres que ocupan cargos de elección o espacios de participación política enfrentan con frecuencia agresiones simbólicas, discursivas y estructurales que buscan reducir su legitimidad, su capacidad y su presencia. Esto ha sido ampliamente documentado y merece una respuesta institucional firme. Pero esa respuesta no debe dar paso al autoritarismo judicial ni a penas que rozan el escarnio público.
La decisión del Tribunal Electoral, más allá de su legalidad, pone en entredicho un principio básico de la justicia democrática: la proporcionalidad de las penas. Obligar a una persona a disculparse públicamente durante un mes, en un ritual diario de contrición pública, no parece una medida educativa ni reparatoria, sino punitiva y desmesurada. El derecho sancionador no puede ser nunca un ejercicio de revancha disfrazado de pedagogía.
Claudia Sheinbaum, en este sentido, no está defendiendo a la agresora ni relativizando la violencia política de género. Está, con justeza, haciendo un llamado a la cordura institucional. Y ese es un gesto valiente en un país donde cualquier matiz es interpretado como debilidad o complicidad. Su intervención, además, abre la puerta para un debate mucho más necesario: ¿cómo se sanciona la violencia de género sin replicar mecanismos de humillación pública?, ¿cómo se logra justicia sin atropellar la dignidad de ninguna de las partes involucradas?
Conviene, además, reflexionar sobre el contexto en el que se da esta resolución del Tribunal Electoral. El proceso electoral de 2024, particularmente virulento y polarizante, dejó muchas heridas abiertas. En algunos casos, la indignación legítima por agresiones reales ha dado paso a un uso instrumental de las instituciones para dirimir rencillas políticas o personales. Y si bien no es el caso asegurar que esto ocurrió en el diferendo entre Karla Estrella y Diana Karina Barreras, sí es necesario que los órganos jurisdiccionales actúen con sumo cuidado para no convertirse en vehículos de vendetta, ni mucho menos en tribunales del escarnio.
La presidenta, al decir que el poder es humildad y no soberbia, nos recuerda que la autoridad se legitima en su capacidad de escuchar, de corregir y de mantenerse humana incluso en las decisiones difíciles. La defensa de los derechos de las mujeres no puede ni debe ser excusa para imponer castigos ejemplares que desdibujan los límites entre justicia y humillación. No necesitamos inquisiciones modernas, sino mecanismos que logren una verdadera transformación cultural, que permitan a las personas comprender el daño de sus actos, rectificar y reconstruir el diálogo social.
Por supuesto, sería un grave error retroceder en los avances logrados en materia de género. Las leyes que tipifican la violencia política y las sentencias que la sancionan son conquistas que no deben ser debilitadas por la polémica o por posturas tibias. Sin embargo, lo que debe discutirse es el modo de aplicación de esas leyes, porque de nada sirve tener un marco legal robusto si se ejecuta con rigidez dogmática, sin atender al caso concreto ni a los principios de humanidad y razonabilidad.
Estamos frente a una oportunidad para repensar cómo se construye una cultura política verdaderamente inclusiva. No es lo mismo castigar que reeducar, y no siempre la exposición pública o la reiteración forzada de disculpas genera conciencia o empatía. En ocasiones, puede provocar lo contrario: resentimiento, polarización, victimización secundaria e incluso trivialización del problema de fondo.
Desde esta óptica, lo dicho por Sheinbaum no solo tiene sentido jurídico y político, sino también ético. No se trata de restar importancia a las agresiones, sino de preguntarnos si los remedios están realmente curando la enfermedad o sólo agravando la tensión social. En todo caso, la presidenta deja claro que su visión de justicia será firme, pero no arbitraria; comprometida, pero no inquisitorial.
El México que comienza a delinearse bajo su mandato tendrá que afrontar muchos dilemas parecidos. No bastará con buenas leyes ni con discursos progresistas. Se requerirá de una conducción política con temple, que sepa discernir entre lo que se debe sancionar y lo que debe repararse con sentido común. Porque sin sensatez, el derecho se convierte en dogma, y la política, en un circo de penas ejemplares que poco ayudan a la cohesión social.
Así, la reflexión no es menor. Se trata de un llamado de atención al aparato judicial para que actúe con responsabilidad y mesura. De un posicionamiento político que busca reencauzar el debate sobre la violencia de género hacia horizontes verdaderamente restaurativos. Y, sobre todo, de una advertencia implícita: el poder no debe servir para aplastar al otro, sino para construir justicia con dignidad.
