Es verdad: en política, lo que se resuelve con dinero es barato. A partir de tal premisa, podríamos concluir que financiar “partidos” con dinero público evita problemas. El aforismo podría aplicar a otra época, pero en la actualidad el dinero que se entrega a las siglas es generador de conflictos. Eso nos lleva a una propuesta que parece lógica. El dinero público ya no debe parar a manos de quienes controlan las diferentes siglas, dado que se han corrompido a nivel de órdago. Entonces, procede desaparecer el financiamiento público destinado a las siglas. ¿Qué se requiere para cerrar la llave del financiamiento público? La respuesta está en el texto constitucional.
[Antes, la obligada digresión. Para el enorme genio de Griselda Álvarez, parece que fue tarea sencilla el traslado del texto constitucional al lenguaje poético. La Ley Fundamental es un poema de por sí; Griselda hizo poesía con un poema. Quizá esa es la razón por la que no solamente se inventan realidades alternas, sino que es fuente de historias paralelas. Así, en el segundo párrafo del artículo dos constitucional, se alude a “sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional”. Asimismo, en el apartado “C” en su párrafo segundo, se habla campantemente “personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio nacional desde la época colonial”. ¿De qué época colonial hablan? ¿Cuál territorio nacional había hace quinientos años?].
No obstante, procede consultar el texto del Pacto Federal. La fracción II del artículo 41 de la Ley Fundamental, dispone los términos en los que los “partidos” pueden acceder al financiamiento público. El citado dispositivo constitucional ordena que “El financiamiento público para los partidos políticos” se componga, entre otras, de “ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes”. ¿Cuánto dinero se dirige a los partidos?: la Constitución Federal en el artículo 41 señala que el monto total que se destinará a los “partidos” será definido por la multiplicación del 65% de la Unidad de Medida y Actualización multiplicado por la cifra relativa al total de personas integradas en el Padrón Electoral. Para 2025 el monto de dinero federal destinado a los partidos es del orden de los siete millones 564 mil pesos. La cifra debe multiplicarse por dos si añadimos el financiamiento local a los mismos actores. Este año, por tanto, las siglas se beneficiarán con más de 15 mil millones de pesos.
Hagamos una breve digresión. La razón original por la que se empezó a destinar tanto dinero a los partidos, se relaciona con lo que se dio en denominar razón de Estado. Recordemos que la reforma reyesheroliana de 1977 definió a los partidos como “entidades de interés público”. Sobre tal premisa, se consideró que los “partidos” podrían ser objetivo de poderes fácticos como el crimen organizado, así como de poderosos medios de comunicación o de nichos de poder económico. Esa es la razón por la que se empezó a privilegiar el financiamiento público a las siglas, por encima del privado. A partir de 1996, el modelo se transforma en favor del financiamiento público.
La razón de Estado cae abatida por el financiamiento privado, que ahora ha debido generar mecanismos sofisticados de ocultamiento. Hay cambios respecto de aquellos tiempos en los que el PRI se financiaba con recursos públicos. Ahora es el dinero público el que se destina a las siglas. Ese dinero público eleva su presencia a partir de la reforma constitucional en materia electoral de 2007, año en el que se elimina el gasto de los partidos destinado a los medios. Desde ese año, el acceso a radio y televisión se hace de manera gratuita en favor de las siglas, de los “partidos”.
Tanto en su gasto ordinario como “partido” como en el de sus campañas, el dinero privado tiene un límite: 10%. No obstante, se estima que la mayor parte del dinero que se destina a campañas electorales, es de origen opaco. El supuesto que predomina, se relaciona con la presencia de dinero aplicado a campañas electorales, proveniente de actividades ilícitas o de fuentes privadas.
Frente al exceso de dinero privado en campañas electorales se ha propuesto reducir drásticamente el financiamiento público y hasta se ha planteado la posibilidad de eliminarlo. Desaparecer el financiamiento público es posible. No obstante, existe el peligro de que se impongan los intereses de dueños del dinero. Dueños del dinero por la vía criminal o legal.
En los Estados Unidos existe un modelo en el que predomina el financiamiento privado. Existen mecanismos que pretenden asegurar la transparencia del gasto en campañas. No obstante, el dinero privado ha ocasionado que en los Estados Unidos sean los multimillonarios los que juegan a la política y hacen del gobierno un juguete peligroso. Esa es la razón por la que en 2020 se destinaron a campañas unos 14 mil millones de dólares para esa competencia. Para 2024, se estima que el gasto en campañas electorales en los Estados Unidos ascendió a más de 15 mil millones de dólares.
El financiamiento privado tiene una virtud: no distrae recursos públicos que requiere el gobierno para obras públicas o para obra social. El problema que representa recurrir al dinero privado es que quienes financian campañas lo hacen con la misma intención de quien invierte dinero en el mercado bursátil. No obstante, existen instrumentos que podrían evitar que los particulares “compren” la “representación popular”. ¿Cuáles son esos instrumentos?: la respuesta se puede obtener preguntando, para evitar que las cosas evolucionen a modelos como el que se aplica para la integración de los poderes judiciales (Federal y locales).
La historia nos demuestra que el financiamiento privado es viable. El Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, el Partido Comunista Mexicano de Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo, así como el Partido Acción Nacional de Gómez Morín, demostraron en su momento que podían prescindir del financiamiento púbico para competir. Con la aparición del financiamiento público, el modelo político electoral se hundió y, en lugar de evolucionar, involucionó, se pudrió.
Hay más ejemplos de esa autonomía frente al dinero público. Otros ejemplos son los negativos, personificados por aquellos que ven en el financiamiento público una forma de amasar fortunas y crear negocios familiares.
A estas alturas ya hemos visto y vivido de casi todo. El presente puede ser el mejor momento para avanzar en el terreno de una reforma radical en materia electoral. Seguir la pista del dinero puede ser clave de esa reforma.
El financiamiento de origen ilícito aplicado con el objetivo de acceder a espacios de poder, al gobierno, no es novedad ni un fenómeno exclusivo de México. Se sabe que, en Colombia, Pablo Escobar pagó su propia campaña y la de otros candidatos a otros cargos. La tesis del financiamiento con dinero mafioso, habría llevado a John F. Kennedy a su destino fatal siendo presidente de los Estados Unidos, un país retacado de “organizaciones terroristas”. En Italia, en Guatemala, en Paraguay y otros países más, el dinero de origen criminal utilizado para fines “político-electorales” ha sido tema de señalamientos.
En ese contexto, es evidentísimo que el financiamiento público para fines “político-electorales”, no ha funcionado como barrera que impida la presencia de dinero de criminal origen. Hay formas de combatir y castigar esa práctica, pero el dinero público en este caso, solamente empeora el problema. Las soluciones ahí están. Preguntando se obtienen las mejores respuestas.
