Más allá de lo que el término “desaparecido/a”, o con mayor precisión “persona desaparecida” [un difrasismo que no parece tener problemas de género] signifique [persona cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito] y de su diferencia con “persona no-localizada” [persona cuya ubicación es desconocida y que, de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito], lo que importa y en lo que se centran “estas palabras mías” esta vez, es el fenómenos de las personas desaparecidas en nuestro país, particularmente, en los años recientes y en el otro fenómeno que las ha acompañado: el “Desaparecer otra vez” ―como titula Amnistía Internacional un informa publicado recientemente en el que enumera y analiza las violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en nuestro país―.
En una página dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas [CNB], de la Secretaría de Gobernación ―cuya función sustantiva consiste en “definir, realizar y coordinar acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en todo el país”― se encuentran una serie de estadísticas y gráficas sobre las personas desaparecidas, no localizadas y localizadas para el largo periodo que va desde el 31 de diciembre de 1952 hasta el día en que se hace la consulta.
Obviamente, cuando se observa la gráfica de las personas desaparecidas, no localizadas y localizadas por año y sexo, se evidencia que el periodo en que ese fenómeno se volvió relevante es el 2007 en el que se registraron 3,000 personas en esa situación [en contraste con el año anterior en el que la cifra apenas rebasaba las 600 personas o el 2005 en que no llegaba a 300.
El último año del sexenio de Felipe Calderón, esa cifra ascendió a 11,019, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto [2018], a 18,058 y el último de Andrés Manuel [así lo llaman sus cercanos], a 34,675…
Desgraciadamente, estas cifras no permiten precisar el dato más relevante ―el número de personas desaparecidas― porque se ofrecen datos en que se incluye no solo el número de esas personas [121,682 al 28/07/2025], sino también, el de las personas no localizadas [9,381 hasta esa misma fecha] y el de las personas localizadas: con vida [219,838] y sin vida [19,003]… Visto con un ojo crítico, ahí se podría encontrar un primer indicio, si no de desaparecer, al menos de dificultar su visibilización.
A lo largo del sexenio anterior, el tema de las personas desaparecidas estuvo en varios momentos en el foco de atención, en especial el de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que funcionó como un arma política relevante contra el gobierno previo… ¡Hasta que topó con el Ejército!
Cuando el número de desaparecidos en las cifras oficiales llegó a los 100,000 [una cifra que habría que comparar con las 90,000 personas desaparecidas entre 1966 y 1986 ―años de la instrumentación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de diversas dictaduras militares― en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras y México], llegó la preocupación a la titularidad del Ejecutivo, desde la cual se hizo el intento más serio de “desaparecer a los desaparecidos” mediante un levantamiento censal. Sin embargo, al menos en la página oficial las cifras no se maquillaron…
En este caso ―como en muchos otros― es relevante el trabajo que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil [de ahí el descrédito de que son objeto desde las esferas del poder, sin negar que puedan, en algunos casos, servir a intereses oscuros] y, en este caso concreto, el informe más reciente de la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C. que se autodefine como “un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
De acuerdo con este informe ―actualizado al 16 de mayo de 2025― el número total de personas desaparecidas en este país ―desde una fecha que no se especifica, pero que bien pudiera ser el 31 de diciembre de 1952 en que se inicia el conteo oficial― ascendía a 128,064 [98,384 varones y 29,258 mujeres].
Sin embargo, los datos más relevantes y preocupantes ―de los que se guarda silencio en los informes de los avances en seguridad [una nueva manera de desaparecer desaparecidos]― son los que tienen que ver con los años más recientes ―2022-2025― en los que el número de personas desaparecidas aumentó un 7.3% entre mayo de 2022 y mayo de 2023, 6.3% entre mayo de 2023 y mayo de 2024 y 12% entre mayo de 2024 y mayo de 2025 [un dato que sin mucho esfuerzo analítico bien puede relacionarse con la disminución de los homicidios dolosos], lo que en estos cuatro años elevó las cifras de 100,000 a la antes mencionada de 128,064 personas desaparecidas.
Ahora bien, aunque oficialmente la definición, realización y coordinación de las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda en colaboración con otras dependencias gubernamentales es bien sabido que ―antes la omisión de las acciones del Estado― la labor de búsqueda y localización en nuestro país la han asumidos diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos de madres buscadoras.
Desgraciadamente ―como lo señala el informe antes mencionado de Amnistía Internacional― las mujeres buscadoras en México sufren ―al menos― diez violencias y afectaciones: Asesinatos y desapariciones; Amenazas, ataques y extorsiones; Discriminación; Estigmatización y revictimización; Desplazamiento forzado; Violencia sexual; Criminalización; Afectaciones a la salud; Empobrecimiento e Impunidad… Y no solo eso, sino también son víctimas de violencia institucional.
En este sexenio ―en el contexto de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición…― se dio un primer encuentro oficial con 450 colectivos y familias de personas desparecidas con la Secretaria de Gobernación ―dado que la Presidenta delegó el asunto en ella― en el que hicieron diversas propuestas que, posteriormente, denunciaron que no fueron tomadas en cuenta y afirmaron que las reformas aprobadas no solo no abordan el rezago forense [hay más de 72,000 cuerpos sin identificar] y que temen que el uso de nuevas tecnologías no sirva para encontrar personas desparecidas, sino para vigilar a quienes las buscan…
