El refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos se ha convertido en una pieza central de la estrategia estatal para proteger vidas, ofrecer atención integral y abrir la posibilidad de un futuro digno para quienes han vivido en condiciones extremas de maltrato. Desde su apertura, a mediados de 2023, este espacio ha brindado seguridad a 83 mujeres, 49 niñas y 31 niños, sumando un total de 163 beneficiarios hasta agosto de 2025. Cada familia que cruza sus puertas representa un caso de violencia que no terminó en tragedia.
Se trata de un espacio temporal en el que se ofrece protección y seguridad, alojamiento, alimentación, vestido y calzado, servicio médico y de enfermería, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico. Las mujeres reciben además capacitación y programas reeducativos que les permiten reconocer la violencia que vivieron y fortalecer su autonomía. El objetivo es que cada usuaria pueda salir con la confianza de emprender un nuevo ciclo, ya sea incorporándose al trabajo formal o continuando sus estudios, con el apoyo de una red institucional que incluye a la Secretaría de Trabajo, el DIF y programas sociales.
Margarita Morán, directora del Instituto para la Mujer Nayarita, explicó que la creación del refugio obedeció a una instrucción directa del gobernador Miguel Ángel Navarro, tras constatar que durante años se había decretado una alerta de género sin que existieran mecanismos de atención adecuados. “Cuando llegamos no había un refugio. En agosto de 2022 se nos autorizó un edificio y en enero de 2023 ya estábamos accediendo a recursos federales para operarlo. Ahí se les brinda desde ropa hasta apoyo psicológico, talleres educativos y capacitación laboral. El refugio es una maravilla porque salva vidas”, dijo a 8NTV en entrevista con la periodista Julieta Moreno.
El modelo de atención se centra en dos ejes: seguridad inmediata y recuperación de la autonomía. El ingreso se da tras activar protocolos de emergencia, normalmente a partir de llamadas al 911 o a la línea estatal 079. Una vez rescatada la víctima, la primera parada es el Centro de Justicia Familiar, donde se levanta la denuncia y se evalúa el nivel de riesgo. Si la mujer no tiene red de apoyo, se canaliza de inmediato al refugio. Ahí se registra su situación, se atiende a los menores y se diseña un plan de intervención que puede extenderse hasta seis meses, aunque la mayoría de las mujeres permanece entre mes y medio y dos meses.
El refugio no sólo se ocupa de las víctimas directas de violencia, sino también de los hijos e hijas que han sufrido maltrato o negligencia. A los menores se les brinda atención psicológica, actividades educativas y espacios de recreación. En un gesto simbólico, al ingreso y al egreso se toma una fotografía familiar: la primera refleja el momento de crisis y la segunda muestra la transformación emocional después del proceso. “Cuando una mujer descubre que puede valerse por sí misma, cambia su panorama y cambia su vida. Muchas llegan creyendo que no valen nada, porque así se los hicieron creer, y aquí empiezan a renacer”, explicó Morán.
El acompañamiento incluye acceso a programas sociales, gestión para obtener vivienda temporal y vinculación con la Bolsa de Trabajo. La Secretaría del Trabajo recibe perfiles actualizados de las usuarias y coordina la colocación en empleos acordes a sus capacidades. Además, se les equipa con enseres básicos para iniciar una nueva vida, desde estufas hasta artículos de higiene. Según Morán, esta articulación con distintas instituciones ha sido clave para que las mujeres salgan del ciclo de violencia y encuentren herramientas para evitar volver a él.
El impacto de esta política pública se refleja también en la confianza creciente de las mujeres para denunciar. Mientras en años anteriores había comunidades enteras sin registros de quejas, hoy se reciben hasta seis denuncias mensuales en municipios serranos e indígenas. La directora reconoce que llegar a esos territorios no ha sido fácil, pues hablar de violencia como delito era un tema vedado. Sin embargo, con la participación de mujeres indígenas capacitadas como promotoras se ha logrado abrir puertas y comenzar procesos de concientización.
El refugio se enmarca dentro de un plan más amplio que incluye mesas de seguridad municipales y estatales en las que diariamente se analizan los casos de violencia, su tipología y sus riesgos. La información sirve para diseñar políticas específicas por región, ya que no es la misma realidad la de Bahía de Banderas que la de Huajicori. Esta estrategia ha permitido, según Morán, disminuir los índices de violencia extrema y evitar femicidios. “Cada mujer que llega al refugio es un femicidio menos”, afirmó.
El reto ahora es consolidar el modelo y ampliarlo. Las autoridades insisten en que la prevención es tan importante como la atención. De ahí que se impulsen programas desde la infancia, para fomentar la salud mental y la construcción de relaciones libres de violencia. También se trabaja con hombres y con familias completas para cambiar patrones culturales y reducir la normalización del machismo.
A dos años de su funcionamiento, el refugio ha mostrado que la inversión en la protección de las mujeres es una inversión en el bienestar de toda la sociedad. Detrás de cada estadística hay un rostro, una historia que pasó de la desesperanza a la posibilidad de un futuro distinto. Como señaló Morán, “cuando una mujer ve que hay resultados rápidos y acceso a la justicia, confía. Y cuando confía, denuncia. Eso nos permite salvar más vidas”.
