DEFINICIONES
De acuerdo con Abel Ortiz Prado, académico y consultor en finanzas, administración pública y asociaciones público-privadas, la calidad de las leyes y la certeza jurídica que generan, son variables mucho más relevantes para el “crecimiento económico” de lo que en México solemos reconocer. Nos comenta que, recientemente, la consultora en asuntos públicos @Georgina de la Fuente, dio a conocer una investigación en Italia a cargo de los académicos Luigi Guiso, Massimo Morelli, Tommaso Giommoni y Claudio Michelacci, quienes buscaron medir la incertidumbre jurídica generada por la baja calidad de la redacción de las leyes y sus consecuentes efectos.
LEYES MAL HECHAS
Basada en el análisis de más de 485 mil sentencias de la suprema corte y del marco legal vigente, esta investigación reveló que la ambigüedad normativa y las leyes mal redactadas reducen de forma significativa “la inversión y el dinamismo de las empresas”. En ésta, los estudiosos concluyen que el producto interno bruto italiano sería un 5% más alto, si todas las leyes se ajustaran al estándar constitucional, cuantificando la ambigüedad de las leyes y las diversas interpretaciones que pueden surgir de ellas en los tribunales al afectar la certidumbre y, en consecuencia, el desempeño económico del país.
EL TEMA MEXICANO
Este hallazgo tiene implicaciones directas para México. Nuestro país enfrenta una limitación estructural: la incapacidad de generar el ahorro interno suficiente para financiar su propio desarrollo. En consecuencia, dependemos en gran medida de la atracción de capital externo para impulsar sectores estratégicos y mantener un ritmo sostenible de crecimiento. Pero dicho capital no se moviliza únicamente con incentivos fiscales o promesas de estabilidad macroeconómica y política; exige, ante todo, un marco jurídico sólido que reduzca riesgos y garantice certidumbre. ¿Qué hace que un país sea un excelente lugar para iniciar y desarrollar un negocio? En la búsqueda de una respuesta a esta interrogante que hoy prevalece en el contexto internacional, el Banco Mundial puso en marcha el proyecto Business Ready (B-READY). Iniciativa de recopilación y análisis de datos que evalúa el clima mundial para los negocios y la inversión ofreciendo un conjunto de datos detallado y un marco para identificar los factores que permiten el desarrollo del sector privado, cuyo análisis va más allá de los resultados empresariales, para incluir el bienestar de los trabajadores, de los consumidores, y del medio ambiente.
LA PROSPECTIVA
El proyecto califica a cada economía en función de 10 temas y 30 aspectos combinados y agrupados en tres pilares: Pilar 1: Marco normativo: Evalúa las normas y regulaciones que las empresas deben cumplir cuando abren, operan y salen del mercado. Pilar 2: Servicios públicos: Evalúa los servicios proporcionados por el Gobierno a las empresas, incluidas las instituciones y la infraestructura que posibilitan la actividad empresarial -seguridad pública- y, Pilar 3: Eficiencia operativa: Mide la facilidad y la eficacia de las interacciones de las empresas con las regulaciones gubernamentales y los servicios públicos. El primer informe B-READY de abril pasado, tuvo un alcance de 50 economías de ingreso bajo, en el que se incluye a México, destacando que, de estos, solo el 29 % tiene un sitio web centralizado que proporciona información sobre las regulaciones del comercio internacional. Mientras que, en las economías de ingreso alto, la misma cifra llega al 67 % identificándose como una primera área de oportunidad para nuestro país. En las calificaciones por pilar, el Marco Normativo de México solo alcanza un puntaje del 75%, una calificación reprobatoria en Servicios Públicos y un 62% en Eficiencia Operativa.
HAY QUE APRENDER
La lección italiana es clara: la certidumbre jurídica tiene un valor económico tangible. Para México, ello implica avanzar hacia una reforma integral que priorice la calidad legislativa, la simplificación normativa y el fortalecimiento del Estado de derecho. Se trata de un proceso que va más allá de “enamorar” a la inversión extranjera con incentivos temporales; es un proyecto de país orientado a generar confianza en las reglas, estabilidad en su aplicación y transparencia en la impartición de justicia sin perder de vista que en nuestro marco jurídico los “tratados internacionales” son ley suprema, solamente subordinados a la constitución, pero por encima de leyes secundarias como la Ley de la Industria Eléctrica, y de Hidrocarburos, cuya interpretación discrecional ha dado lugar a controversias con nuestros socios comerciales del T-MEC, restándole atractivo al nearshoring. Aspectos todos estos que son recomendable formen parte de las estrategias del Plan México en el propósito de alcanzar altos estándares de prosperidad compartida. “No hace falta un gobierno perfecto; solo se necesita que sea práctico. Aristóteles”.
VEREMOS Y DIREMOS.
