El director general del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), Manuel Fonseca Altamirano, ha emitido una advertencia sobre la detección de múltiples casos de fraude relacionados con la venta irregular de terrenos en el estado. Esta situación ha afectado a decenas de familias nayaritas que buscan adquirir una vivienda digna.
Fonseca Altamirano reveló que, durante la actual administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) ha brindado asesoría jurídica a más de 500 familias que fueron víctimas de estafas. Estas estafas, detalló, son cometidas por personas que se ostentan falsamente como fraccionadores. Un fraccionador es la persona o empresa que divide un terreno grande en lotes más pequeños para su venta, y un fraccionador “irregular” o “falso” opera sin cumplir la normatividad legal, lo que deja a los compradores sin certeza jurídica ni servicios básicos. El director enfatizó que, si bien algunos afectados han perdido toda su inversión, en varios casos la intervención del instituto ha permitido recuperar tanto las propiedades como parte de los recursos económicos.
Ante esta situación, el titular del IPROVINAY exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones antes de realizar cualquier tipo de trato relacionado con la adquisición de terrenos. Recomendó encarecidamente acudir a las oficinas del instituto para verificar la legalidad de los predios que les ofrecen y, de este modo, evitar ser víctimas de engaños. El IPROVINAY es un organismo público descentralizado en Nayarit, encargado de promover y gestionar proyectos de vivienda social, así como de asesorar a la población en la adquisición de propiedades de manera segura y legal.
Un indicio clave de un posible fraude, explicó Fonseca Altamirano, es cuando se ofrecen terrenos a precios demasiado bajos en zonas que carecen de servicios públicos. Esto significa que los predios “no están urbanizados”, es decir, no cuentan con la infraestructura básica de agua potable, drenaje, electricidad, alumbrado público o pavimentación. Adquirir terrenos en estas condiciones puede conllevar altos costos adicionales para los compradores y serios problemas legales y de habitabilidad.
El IPROVINAY reiteró su compromiso de continuar orientando y protegiendo a las familias nayaritas en el proceso de adquisición de una vivienda segura y legal, a través de sus servicios de asesoría y verificación.
