A cuatro años de ser detenido por la Fiscalía General de la República, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, permanece en el penal federal de El Rincón enfrentando múltiples procesos legales, y Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, recordó que fue el gobierno de Estados Unidos el primero en señalar, acusar y sancionar a quien hoy se queja de que “le fabricaron delitos”.
González Barrios subrayó que en 2019 y 2020, el Departamento del Tesoro y el Departamento del Estado lo incluyeron junto en sus listas negras por presunto lavado de dinero a través de empresas fachada. Era el primer periodo presidencial de Donald Trump, y más tarde su entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, le retiró la visa al exmandatario nayarita en medio de gravísimas acusaciones.
Hoy, Sandoval enfrenta un panorama judicial complejo en México. Además de las acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República le imputa delincuencia organizada, mientras que un juez federal dio vista a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para que investigue su presunta participación en casos de desaparición forzada, describe el activista en su página de Facebook.
La subprocuradora era Sara Irene Herrerías, actual ministra de la Suprema Corte por elección, quien mantiene una relación estrecha con colectivos de víctimas en Nayarit, lo que fortalece la expectativa de que estos procesos no quedarán en la impunidad, asegura Rodrigo.
“SaSa la tiene complicada”, expresó González Barrios, en referencia al exgobernador. “Por el peso del gobierno de Estados Unidos, por los acuerdos con Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad y Ptotección Ciudadana, y por la llegada de una nueva ministra con sensibilidad hacia las víctimas, es casi seguro que se quede en el penal. Fue un gobierno de criminales y deben pagar por el daño a la sociedad. La justicia llega”.
Con estas palabras, el vocero de la Comisión de la Verdad, un grupo de activistas que desde 2017 ha acompañado y asesorado a las víctimas de despojos y abusos ocurridos en Nayarit durante el sexenio 2011–2017, reavivó el debate sobre uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Nayarit.
