Los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit realizaron este martes la valoración curricular de los aspirantes a ocupar el cargo de consejera o consejero titular y dos suplentes del Consejo Consultivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado.
El Consejo Consultivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos es un órgano auxiliar fundamental que tiene como misión asesorar a la Comisión en la protección y promoción de los derechos humanos en la entidad, contribuyendo a una defensa integral y eficaz de estos.
Durante la evaluación, los ciudadanos Cassandra Manjarrez Villalobos, Ricardo Villeda Gómez, Ángel Lomelí Cárdenas, Bladimir Antonio Lozano Ibarra, Everardo López Razura y Karla Marcela Rubio Ochoa fueron entrevistados. Abordaron los motivos de su aspiración, su trayectoria profesional y las propuestas para fortalecer la defensa de los derechos humanos en la región.
Una vez concluida esta fase de entrevistas y evaluación, la Comisión emitirá un dictamen. Este documento contendrá a los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos y que, a consideración de los legisladores, poseen los perfiles idóneos para asumir esta importante responsabilidad. El dictamen final será sometido a votación ante el Pleno, donde los 30 representantes populares nayaritas analizarán, discutirán y, en su caso, elegirán a quienes conformarán el Consejo Consultivo.
En la misma jornada legislativa, los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también aprobaron reformas al Código Penal. Estas modificaciones establecen la imprescriptibilidad de los delitos de naturaleza sexual contra niñas, niños y adolescentes, lo que significa que no existe un límite de tiempo para que estos crímenes sean denunciados y procesados judicialmente. Además, se avalaron reformas relativas a la violencia vicaria, una forma de maltrato donde se utiliza a los hijos para dañar emocionalmente a la expareja.
De manera paralela, en una reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los legisladores dieron su voto a favor de un decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución local. Estas reformas se centran en la materia de no reelección, que busca evitar la perpetuación de funcionarios en sus cargos y fomentar la alternancia, así como en el combate al nepotismo electoral, una práctica que favorece a familiares en la designación de candidaturas o cargos públicos, buscando así fortalecer la transparencia y la equidad en el proceso democrático.
