La diputada local María Magdalena García Robles ha alertado sobre un grave déficit habitacional en Nayarit, destacando que solo tres de cada diez personas en el estado poseen una vivienda propia. Esta alarmante cifra representa una carencia del 70% en la población, evidenciando una profunda necesidad de acciones concretas.
Ante esta compleja situación, diversos sectores han sido convocados al Foro de Derecho a la Vivienda en Nayarit, un evento crucial que tendrá lugar el próximo jueves 16 de octubre a las 16:00 horas, en el histórico Patio Central Venustiano Carranza del Congreso del Estado. Este encuentro busca ser un espacio de diálogo y colaboración entre actores clave para transformar la realidad habitacional de la entidad.
De acuerdo con la diputada, el foro reunirá a representantes del sector inmobiliario, de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a organizaciones civiles y la ciudadanía en general. El objetivo principal es analizar a fondo las necesidades de vivienda en la entidad, identificar las barreras existentes y construir soluciones viables para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los nayaritas.
Durante el desarrollo del foro, se recibirán solicitudes de gestión y propuestas de los asistentes, las cuales serán cuidadosamente sistematizadas en un documento diagnóstico. Este informe será un recurso fundamental para guiar la toma de decisiones, por lo que será enviado a los 20 ayuntamientos de Nayarit, al Congreso del Estado, así como a instancias del Gobierno Federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
García Robles también señaló que, a pesar de los nuevos programas federales de acceso a vivienda, muchos ciudadanos no califican, lo que limita su efectividad. Como ejemplo, mencionó el caso de jóvenes sin hijos o sin núcleo familiar, quienes a menudo quedan excluidos, lo que subraya la urgencia de diseñar propuestas locales más inclusivas y adaptadas a las diversas realidades de la población.
La legisladora aseveró que la mayoría de los municipios del estado carecen de reserva territorial suficiente para desarrollar proyectos de vivienda social. Aunque, reconoció, existen ciudadanos que poseen terrenos, pero no cumplen con las reglas de operación de los programas federales, que exigen contar con servicios básicos como agua, luz y drenaje. En respuesta a esta problemática, se propone diversificar los recursos mediante esquemas tripartitas, donde los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y los beneficiarios colaboren para facilitar el acceso a créditos de infraestructura y, de esta manera, activar el desarrollo de viviendas con servicios esenciales.
