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viernes, octubre 17, 2025
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Van contra Cedano por bloquear vialidades; la denuncia incluye a todos los manifestantes

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La fiscalía del estado informó que ha iniciado carpetas de investigación por el delito de obstrucción a las vías de comunicación por parte tanto de trabajadores sindicalizados como por personas de otras protestas

Alrededor de 200 trabajadores adheridos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) realizaron ayer, martes 16 de octubre, bloqueos viales en diversos cruceros clave de la capital nayarita.
La protesta, que inició a las cinco de la tarde y se extendió hasta las seis, en tres puntos neurálgicos de la capital, generando importantes afectaciones en la circulación y el descontento ciudadano.
Los manifestantes, liderados por el dirigente Oscar Cedano, exigieron pago del ajuste de calendario e insistieron con la “Toma de Nota”.
Los bloqueos comenzaron en la avenida Insurgentes, a la altura de la Alameda, y se trasladaron posteriormente a las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Para ampliar su movimiento, los sutsemistas también obstruyeron la vialidad en el boulevard Tepic-Xalisco y el bulevar Aguamilpa, con dirección a La Cantera.
La interrupción de las vías de comunicación provocó la molestia generalizada entre los habitantes de Tepic, quienes expresaron su desacuerdo con las afectaciones a su movilidad diaria. Asimismo, los ciudadanos manifestaron que la protesta parecía tener tintes políticos, por parte de la dirigencia del SUTSEM.
Ante la situación, los ciudadanos pidieron a las autoridades estatales intervenir para restablecer el orden en las calles. En respuesta, el Gobierno de Nayarit anunció que presentará una denuncia formal contra Oscar Cedano, dirigente del SUTSEM, por los daños y perjuicios ocasionados por los bloqueos viales en Tepic. La denuncia, según lo comunicado, también incluirá a quienes participen en estas obstrucciones.
Por la noche, la fiscalía estatal emitió un comunicado en el que da cuenta de la judicialización de los hechos y señala que ha identificado a cerca de 200 personas involucradas. A las que se les formulará la imputación por el probable delito y se garantizan los derechos de defensa. En los casos de servidores públicos se solicitará la suspensión temporal del cargo.

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