Como suele suceder en este país, el tema del denominado “huachicol fiscal” que dominó el panorama informativo ―oficial y no oficial― hace unas pocas semanas, ha pasado ya, cuando mucho “a páginas interiores” ―como se decía antes en la era del predominio de los diarios impresos―.
El desmantelamiento de redes de esa nueva modalidad del huachicol que surgió “para referirse al combustible importado ilegalmente, ya sea alterando la documentación para poder internarlo al país como un producto diferente (aceites lubricantes, aditivos u otros similares), evitando así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles, o simplemente cruzando las fronteras en pipas y carros tanque, supuestamente vacíos, evitando así además el pago del IVA”, en enero de este año, así como un megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en el puerto de Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo, tras el cual fueron detenidas 14 personas; entre ellas, empresarios, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y exfuncionarios aduanales puso el tema en el foco de la atención y creció exponencialmente cuando llegó a ser tema de “la mañanera” y escaló hasta los parientes políticos del ex secretario de Marina, con derivaciones posibles hacia algún secretario de estado de la presente administración, hacia el presidente de la junta de coordinación política del senado, hacia los hijos del ex presidente, hacia el financiamiento de campañas políticas, hacia la organización con mayor crecimiento en los últimos años en el ámbito del crimen organizado.
Como era de esperar, al hacer pensar en el involucramiento de personajes de primer nivel [esa expresión de que las escaleras se barren de arriba hacia abajo” no suele cumplirse en política donde suelen barrerse los escalones más bajos y alguno que otro de los del medio y nada más], era impostergable cambiar el foco de atención y exonerar “a priori” a los intocables, tal como sucedió.
En ese contexto, la publicación de un texto de Francisco Barnes de Castro ―rector de la UNAM 1997-1999― que lleva por título “Evolución del problema del huachicol y su impacto económico” en el portal “Energía a debate”, el cual se presenta como “un espacio de análisis y opinión sobre temas energéticos, en particular sobre la industria energética mexicana, donde se incluyen noticias y artículos de fondo con la misión de contribuir al debate constructivo” ―independientemente de la vertiente político-judicial del asunto― resulta ilustrativo y digno de atención, por rastrear el origen del término huachicol y su evolución hacia su uso en el contexto de los combustibles, en el que se pueden detectar ya dos etapas: la del huachicol tradicional o robo de combustibles y la del huachicol fiscal referido a la importación ilegal.
Como buen académico, Barnes inicia su texto presentando dos teorías que pretenden explicar el origen del término “huachicol”: una que le atribuye un origen maya, según el cual provendría de “huache” [forastero o ladrón] y el sufijo “col” [para indicar ilegalidad] por lo que su uso se orientó hacia las bebidas adulteradas y, más recientemente, al robo de combustible; la otra, que ubica el origen del término en el latín “aquati” [aguado] que habría pasado al francés como “gouache” [pintura aguada] y al español como “guach” [algo rebajado o diluido] y que se usó primero para hablar de bebidas adulteradas como el tequila o el aguardiente rebajado con alcohol de caña o agua y, finalmente, de combustible robado y contaminado.
A principios de este siglo ―escribe Barnes― se popularizó el uso del término para el combustible robado a medida que se convirtió en un problema grave y, el sexenio pasado se empezó a utilizar con el adjetivo “fiscal” para referirse al combustible importado ilegalmente, subrayando que se trata de una actividad que implica un desfalco fiscal significativo para el Estado. Ahí radica la relevancia del monto del desfalco, de los sujetos implicados, de su destino y de su eventual recuperación.
Todavía antes de pasar a su intento de cuantificación, Barnes enumera las consecuencias que el huachicol tradicional y el fiscal traen a Pemex, al Gobierno Federal y a la sociedad mexicana en su conjunto. Entre ellas, solo hago mención de las pérdidas económicas para Pemex y el Gobierno Federal que se traducen en menor presupuesto para servicios y la corrupción múltiple que implica, la cual erosiona la confianza en las instituciones.
A la hora de entrar al cálculo del impacto económico del huachicol ―teniendo como fuente datos oficiales disponibles en el Sistema de Información Energética― apunta que el análisis que llevará a cabo solo se puede hacer a partir de 2015 porque antes de ese año los reportes de producción de Pemex incluían el volumen de agua congénita extraída de los pozos, junto con el crudo y ofrece un primer dato duro: “el robo de petróleo crudo empezó a crecer de manera importante a partir de 2021, para alcanzar en 2023 y 2024 niveles de 110,000 barriles diarios, cifra que equivale al 6% de toda la producción nacional”. El daño patrimonial de este robo de petróleo crudo habría ascendido en el sexenio anterior a 9,650 millones de pesos, afectando solo a Pemex.
En su primera parte analítica la atención se dirige hacia el robo de combustibles o “huachicol tradicional” ligado a tomas clandestinas.
En cuanto al gas LP el volumen promedio alcanzado en el sexenio anterior fue de 9,000 barriles diarios [9.3% de la producción total], un volumen menor al alcanzado en 2018 [18,100 barriles diarios]; en gasolinas, el último año de Enrique Peña Nieto alcanzó los 40,900 barriles diarios [20% del total] y, aunque casi desapareció en los tres primeros años del sexenio anterior, alcanzó un 8% del total en 2022; en diesel, las cifras se han incrementado sexenio tras sexenio: 9.2% con Calderón, 12% con Peña Nieto y 13% con López Obrador, con un pico en 2018 del 22.3%.
En términos financieros “El robo de combustibles o huachicol tradicional implicó una pérdida total de ingresos de 7,800 millones de dólares, 3,600 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto y 4,200 millones de dólares durante el sexenio de López Obrador”.
Por razones de espacio, dejaremos el análisis del “huachicol fiscal” y el monto total por el robo y la importación ilegal de combustibles que hace el doctor Barnes para la siguiente colaboración.
