Antes del retiro de las sillas y carpas instaladas por miembros del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) frente a Palacio de Gobierno, autoridades estatales buscaron el diálogo con los manifestantes con la intención de alcanzar un acuerdo pacífico, aseguró ayer el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce.
Díaz Ponce recalcó que en ningún momento se violentaron los derechos humanos de los manifestantes. “Hubo varios acercamientos con las partes, buscando una postura por parte de los líderes sindicales para liberar las vías de comunicación, pero no se logró el diálogo”, explicó.
El fiscal general recordó que, desde el año 2014, obstruir las vías de comunicación en Nayarit es considerado un delito grave, que amerita sanciones penales. En ese sentido, enfatizó que no puede hablarse de violaciones a derechos humanos cuando quienes los reclaman afectan a miles de ciudadanos. La normativa busca garantizar la libre circulación y el orden público, sancionando a quienes impiden el tránsito en avenidas, calles y carreteras.
Díaz Ponce detalló que, el pasado jueves 10 de octubre de 2024, los bloqueos realizados por los trabajadores sindicalizados del SUTSEM generaron un importante caos vehicular en la ciudad de Tepic. Incluso, señaló que las largas filas de vehículos sobre la avenida Aguamilpa, en su cruce con la avenida Tecnológico, llegaban hasta el poblado de La Cantera, obstaculizando el paso de unidades de emergencia, como ambulancias.
En este contexto, el fiscal dio a conocer que al menos 22 personas sindicalizadas ya fueron plenamente identificadas y serán citadas a declarar próximamente ante la Fiscalía General de Nayarit.
Finalmente, Petronilo Díaz Ponce precisó que, en caso de que estas personas estén vinculadas laboralmente a alguna dependencia estatal, se solicitará como medida cautelar que se separen temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla el proceso legal.
