Omar Cordero, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Personas con Discapacidad, denunció la existencia de empresas que contratan a individuos con alguna discapacidad o de talla baja con el único propósito de obtener beneficios fiscales, para posteriormente despedirlos tras el periodo de prueba. Esta práctica genera un profundo malestar y un sentimiento de engaño entre la comunidad.
El Consejo Estatal de Inclusión de Personas con Discapacidad es un organismo fundamental en Nayarit, encargado de promover y proteger los derechos humanos y la plena inclusión de este sector de la población. Su labor se centra en desarrollar políticas públicas, programas y acciones que garanticen la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social y laboral.
Cordero explicó que estas empresas aprovechan las deducciones fiscales otorgadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de México, que permite a los empleadores deducir un porcentaje adicional de los salarios de las personas con discapacidad. Sin embargo, muchas de ellas mantienen a los trabajadores únicamente durante los tres meses del periodo de prueba, para luego prescindir de sus servicios sin justificación. “Este tipo de acciones han generado un malestar colectivo entre las personas con discapacidad, porque se sienten engañadas por los empresarios”, expresó el secretario ejecutivo.
El funcionario lamentó que las personas con discapacidad motriz son quienes enfrentan mayores obstáculos para encontrar empleo. Incluso cuando logran ser contratadas, suelen ser víctimas de discriminación y maltrato. “En muchos casos se les humilla, se les rebaja y se les trata como si fueran incapaces de cumplir con las encomiendas laborales”, añadió Cordero.
Ante esta realidad, Omar Cordero destacó el compromiso del gobierno del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero con la inclusión laboral de este sector. Como parte de estas acciones, la Secretaría del Trabajo ofertó recientemente mil 80 empleos destinados exclusivamente a personas con discapacidad física o visual. “Queremos que las oportunidades laborales sean reales y dignas, no una simulación para cumplir con un requisito fiscal”, concluyó el funcionario estatal.
Finalmente, Cordero reiteró que, a partir de ahora, las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad deberán garantizarles todas las prestaciones de ley, asegurando así un trato justo y equitativo.
