Un acuerdo gubernamental fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación para garantizar que el aguacate de exportación provenga de huertos libres de deforestación y no emplee trabajo infantil. La medida busca asegurar condiciones justas y dignas para los trabajadores agrícolas.
El acuerdo, emitido de manera conjunta por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Trabajo y Previsión Social (STPS), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), refuerza las condiciones para la producción y exportación del aguacate mexicano. El objetivo es que el producto cumpla con las normas fitosanitarias nacionales e internacionales, y que su cultivo no contribuya a la deforestación ni utilice mano de obra infantil.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) es el órgano de difusión oficial del Gobierno de México, que publica leyes, reglamentos, acuerdos y demás actos administrativos, otorgándoles validez jurídica.
Para la exportación, los aguacates deberán provenir de huertos que cumplan tres condiciones esenciales:
- Estar libres de deforestación desde el año 2019, según dictámenes técnicos de la Semarnat. La deforestación se refiere a la eliminación de bosques o zonas arboladas para convertirlas a otros usos, como la agricultura; esta medida busca evitar que la expansión de los cultivos de aguacate contribuya a la pérdida de ecosistemas forestales.
- Contar con la certificación de la SADER, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Las disposiciones fitosanitarias son medidas destinadas a proteger la salud de las plantas, previniendo la introducción y propagación de plagas y enfermedades. Senasica es un organismo desconcentrado de la SADER encargado de aplicar las regulaciones y certificaciones en materia de sanidad vegetal.
- Garantizar condiciones laborales justas, respetando plenamente los derechos humanos de las personas trabajadoras agrícolas y excluyendo totalmente el trabajo infantil. Esto implica que no haya menores de edad empleados en la producción y que los adultos trabajen en un entorno seguro y equitativo.
Una Comisión Técnica Interinstitucional, encabezada por la Secretaría de Agricultura, será la encargada de coordinar la implementación, seguimiento y verificación de estas acciones. Esta comisión también expedirá las disposiciones administrativas complementarias necesarias, cuya aplicación iniciará a partir del 1 de abril de 2026.
