En mi colaboración anterior retomé el estudio llevado a cabo por el Doctor Francisco Barnés de Castro denominado “Evolución del problema del huachicol y su impacto económico” y publicado en el portal “Energía a debate”.
La titulé “El impacto económico del huachicol tradicional o robo de combustibles“ porque en ella me limité a la centralidad que alcanzó el tema del huachicol ―presuntamente erradicado en el sexenio anterior― en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales e, incluso en principal medio de comunicación oficial durante unos días y el posterior cambio del foco de atención oficial, no sin exonerar a priori a posibles involucrados de los primeros niveles del poder político.
Dada las limitaciones de espacio, en esa colaboración me limité a explorar la sección del estudio que Barnés dedica al huachicol tradicional o robo de combustible, dejando para una colaboración posterior ―esta― la sección que dedica al huachicol fiscal o importación ilegal de combustibles.
En términos financieros ―concluía la mencionada colaboración, citando el estudio del ex rector de la UNAM― “El robo de combustibles o huachicol tradicional implicó una pérdida total de ingresos de 7,800 millones de dólares, 3,600 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto y 4,200 millones de dólares durante el sexenio de López Obrador”.
Tratándose de un asunto vigente, durante la semana que separa mis dos colaboraciones, han surgido algunas novedades, entre las que se pueden destacar la que refiere aseguramientos de hidrocarburos, la acusación acerca del involucramiento de empresas norteamericanas en el huachicol por parte de la presidenta y dos más ―ambas anunciadas por el director de la Agencia Nacional de Aduanas―: la recuperación de 225,000 millones de pesos como resultado del combate al huachicol fiscal [lo que más que recuperación parece relacionarse con el evitar nuevas pérdidas] y la existencia de más de 7,000 carpetas de investigación abiertas por ese delito en el que estarían implicados gasolineros, transportistas, agentes aduanales y elementos de la Marina [sin mención de otro tipo de funcionarios públicos].
En la sección más amplia de su estudio, Barnés analiza el contrabando de diesel y de gasolinas y concluye con dos apartados dedicados al costo que dicho contrabando ha tenido para Pemex y la SHCP.
En el caso del diesel, la senda analítica propuesta consiste en comparar “los volúmenes de exportación a México publicados por la Agencia de Información Energética del Departamento de Energía de los EE. UU. (EIA) con los datos de importación de diésel a México reportados en el Sistema de Información Energético de la Secretaría de Energía (SIE)” ya que, dado que la mayor parte de la importación de dicho combustible proviene de los Estados Unidos, esta comparación evidencia la importación ilegal “cuando las cifras de exportación de diesel de los EEUU a México son superiores a las cifras oficiales de importaciones legales de diesel a México reportadas por la SENER en el SIE” y “el volumen de contrabando es igual a la diferencia entre las dos cifras”.
Al comparar esas cifras, Barnés encuentra que “hasta 2018, las cifras de exportación de diésel a México, reportadas por la EIA-DOE, son muy similares a las cifras de importación reportadas por el SIE” y que “a partir de 2019 se empiezan a diferenciar claramente ambas cifras, delatando el inicio del huachicol fiscal” [fecha de entrada en vigor de la reforma energética de Peña Nieto].
En cuanto al volumen del contrabando de diesel, que “el volumen del huachicol fiscal de diesel durante el sexenio anterior se estima en 43.7 Millones de barrilles diarios [Mbd] (10% del consumo aparente). En 2021 (año de elecciones) se registró el valor máximo de contrabando de diésel, 88.0 Mbd, volumen que representa el 30% del consumo aparente”, mientras que “el impacto fiscal del contrabando de diésel en estos seis años se puede estimar en 6,700 MM USD, de los cuales, 2,560 MMUSD corresponden a la evasión del IVA y 4,170 MMUSD al pago evitado del IEPS”.
En el caso de las gasolinas, la senda analítica ―dado que la importación de combustibles tiene una mayor diversificación― es diferente y proviene de la “brusca caída, tanto en las ventas de gasolina como en las importaciones reportadas por SENER a partir de 2020”, las cuales “son una indicación del inicio de las importaciones ilegales de este combustible”.
El cálculo ―que Barnés considera conservador por las limitaciones que tiene la senda analítica elegida―, proviene, concretamente, de asumir “el porcentaje de gasolina proveniente de los EE. UU. (incluyendo el huachicol fiscal), se seguirá incrementando 1% por año, a partir del valor registrado en 2018-2019, y que todo el huachicol fiscal proviene de los EE. UU”.
El resultado en cuanto al volumen habla de la importancia de la distorsión del mercado―menor que en el caso del diesel―: “en los últimos años la suma de huachicol tradicional y fiscal ha desplazado entre el 4% y el 10% de las ventas que debieron ser atendidas por el suministro legal. El pico de 10% alcanzado en 2021 duplica el máximo alcanzado en 2018, último año del sexenio de Peña Nieto”, mientras que “el impacto fiscal del contrabando de gasolina en estos seis años se puede estimar en 4,000 MM USD, de los cuales, 1,570 MMUSD corresponden a la evasión del IVA y 2,460 MMUSD al pago evitado del IEPS”.
En las dos últimas secciones de su estudio, Barnés ofrece ―en dos párrafos breves, acompañados de las gráficas correspondientes― el cálculo del costo total del robo y la importación ilegal de combustible ―que no es otra cosa sino el cálculo de la pérdida de ingresos por el huachicol tradicional y fiscal entre 2013 y 2024― para Pemex y para la SHCP:
“El costo para Pemex por el robo de petróleo crudo y por el robo de combustibles se estima en 11,960 millones en el sexenio de Peña Nieto y de 17,300 millones de dólares en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”. Convertidos a un tipo de cambio de $18.00, esos 29,260 millones de dólares representan 526,680,000,000 pesos mexicanos.
“El costo total para la SHCP por el robo y la importación ilegal de combustibles se estima en 3,600 millones de dólares en el sexenio de Peña Nieto y de 14,950 millones de dólares en el sexenio de López Obrador”. Convertidos a un tipo de cambio de $18.00, esos 18,550 millones de dólares representan 333,900,000,000 pesos mexicanos…
