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martes, noviembre 25, 2025
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Entre la libertad plena, la discriminación, la persecución y la muerte

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“¿Voz que clama en el desierto?” Con estas palabras concluía mi colaboración de la semana pasada y surgían del interrogante acerca de la resonancia que el Mensaje que el Episcopado Mexicano emitió desde su CXIX Asamblea Plenaria pudiera o no tener.

Que hubo resonancia, no se puede dudar, como lo muestran las 111,000 vistas que el pasado viernes 21 había alcanzado en “X”, por ejemplo, pero tampoco se puede negar que los 1,000 reposteos, 140 comentarios y 3,000 “me gusta” representen una resonancia significativa.

Por otro lado, se pueden mencionar dos referencias periodísticas significativas: en el Astillero de Julio Hernández en La Jornada del martes 18 y en la Columna de Bernardo Barranco también en la Jornada del martes 19. En ambos casos, el foco de atención se puso en la relación al año 2026 “Memoria de la resistencia cristera que nos interpela” al que se refieren los obispos en su Mensaje.

Julio Hernández, dentro de su clásico “Hasta mañana”, escribió: ¡hasta mañana, con el “oportuno” despertar de obispos, hasta ahora en su gran mayoría silenciosos ante los graves problemas del país, pero que ahora mencionan el “Estado autoritario”, en remembranza del movimiento cristero que en 2026 cumplirá 100 años de haber estallado!

Barranco, por su parte, se refiere ampliamente a la exaltación de “los cristeros” que hacen los obispos y de la semejanza implícita que establecen entre el totalitarismo del gobierno de Calles y el de la 4T “al que reprocha con enjundia” sus errores y carencias, sin reconocer “ni un milímetro” sus logros y avances y les recuerda a los obispos que “combatientes católicos de entonces calificaron de traición a sus obispos. En efecto, los guerrilleros católicos levantados en armas, las organizaciones en activo como la liga de la defensa de la libertad religiosa y los familiares de los más de 200 mil mártires caídos, calificaron a sus obispos como indignos por haber entregado la causa cristera” con los acuerdos de 1929 entre el presidente interino Emilio Portes Gil, el arzobispo Leopoldo Ruiz y el obispo Pascual Díaz.

Esta referencia episcopal y periodística a uno de los conflictos más serios que se han dado en nuestro país entre la Iglesia y el Estado me ha impulsado a dedicar estas “palabras” al asunto de la libertad religiosa desde el Informe 2025 sobre la Libertad Religiosa en el Mundo publicado cada dos años por la Fundación “Ayuda a la Iglesia Necesitada [ACN]”.

La sección dedicada a las “conclusiones principales”, inicia con un párrafo de alto impacto:

“El Informe sobre la libertad religiosa en el mundo de 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) concluye que ha habido graves violaciones de la libertad religiosa en 62 países. Estos ataques han sido clasificados como «persecución» (la peor categoría) en 24 países y como «discriminación» (la segunda categoría más grave) en otros 38; en total, han afectado a más de 5.400 millones de personas. Tales violaciones evidencian un asalto de mayor alcance a los derechos consagrados en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —la libertad de pensamiento, conciencia y religión—. Hoy, este derecho fundamental no solo está sometido a presión, sino en proceso de desaparición.”

Y las tres primeras conclusiones, las enuncia así:

1. Casi dos tercios de la humanidad —más de 5.400 millones de personas— viven en países donde la libertad religiosa sufre violaciones graves.

2. 24 países se encuentran en la categoría más grave, la persecución.

3. En 38 países, la violaciones contra la libertad religiosa se categorizan como discriminación religiosa y pueden llegar a afectar a más de 1.300 millones de personas, el 17.3 % de la población mundial.

Y, entre otras conclusiones, se podrían destacar las que señalan que “el número de crímenes de odio antisemita y antimusulmán ha aumentado drásticamente”; que “los incidentes anticristianos están al alza en los países occidentales” y que “las mujeres y niñas de minorías religiosas sufren abusos que, en algunos casos, comienzan a los 10 años”.

En la sección dedicada al “Análisis global”, se hace mención de los 24 países en que se padece persecución religiosa, entre los que se mencionan “países densamente poblados, como la India y China” y Estados autoritarios o con conflictos [Afganistán, Nigeria, Corea del Norte y Eritrea] y se subraya que la naturaleza de la persecución varía según el contexto: en ocho países es resultado de gobiernos autoritarios y extremismo religioso; en siete de control estatal autoritario y en otros siete del extremismo religioso.

En el rubro de países en que se da la discriminación religiosa se mencionan 38 países, entre los que el Informe destaca cuatro: Egipto, Etiopía, México y Turquía “donde las minorías religiosas se enfrentan a restricciones legales, políticas y sociales que limitan su libertad de fe y de culto”. Entre las causas de esta discriminación destaca el autoritarismo y se señalan también el extremismo religioso, el nacionalismo etno-religioso y el crimen organizado.

En relación con América Latina, el Informe “observa un patrón regional llamativo”: los países clasificados bajo discriminación o persecución y los que están “en observación” comparten un alineamiento político o ideológico con el Foro Sâo Paulo.

En cuanto a México, lo clasifica como un país en el que se da una discriminación religiosa en que se combinan dos factores: el autoritarismo y el crimen organizado.

En el apartado dedicado a nuestro país, se ofrecen datos generales sobre la demografía religiosa, sobre el marco jurídico y sobre “incidentes y acontecimientos”.

En relación con este último punto, el Informe señala: “Los informes de 2023 y 2024 recogen los asesinatos de tres sacerdotes, así como cinco casos de agresión con agravantes. Señalan que durante los seis años de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 10 sacerdotes fueron asesinados, otros 10 fueron víctimas de violencia y se produjeron alrededor de 900 episodios de extorsión que afectaron a miembros de la Iglesia católica” y menciona ataques contra lugares de culto y profanaciones que han alcanzado 26 por semana, “cobro de piso”, ataques y desplazamiento de comunidades evangélicas.

Y se ofrece un panorama que adjetivan como “desolador” “asesinatos de clérigos y laicos, así como de agresiones, extorsiones y profanación de lugares de culto y objetos sagrados, todo ello agravado por un clima de flagrante impunidad. El crimen organizado, el tráfico de drogas, los conflictos por la tierra y la corrupción continúan”…

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