Ordinariamente, mis colaboraciones no emergen de la inmediatez propia del periodismo, sino después de un proceso de reflexión y de “rumia” {Nietzsche “dixit”], pero esta ocasión estas “palabras” surgen de improviso, de manera instantánea y espontánea después de leer tres artículos publicados el mismo día: dos en el diario “Excélsior”: uno de Ruth Rodríguez que se titula “Vapeadores en jaque: México va por la prohibición total” y otro, de David Vicenteño “Vapeadores dejan a cárteles 20 mil mdp; ganancias financian armas, vehículos…” y otro más, publicado en “La Razón”, escrito por Bibiana Belsasso “La caja chica del crimen organizado”.
Por un lado, el artículo de Ruth Rodríguez comienza con una afirmación contundente “El gobierno federal asestará el golpe final a la industria tabacalera en el tema de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Se espera el último round o, incluso, el nocaut definitivo al prohibir la producción y comercialización de estos productos en el mercado mexicano”.
Y después de recordar que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien inició el combate frontal contra el tabaquismo y quien promovió reformas para prohibir el consumo de tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores [en este caso, de acuerdo con información periodística, motivado, entre otras cosas, por un serio problema de salud de su hijo menor, recuerda que hace dos meses la presidenta Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto en materia de prohibición de cigarros electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos e informa que ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunió para el análisis y aprobación de este proyecto de dictamen que, en un texto de 829 páginas, “subraya el riesgo que implican los cigarros electrónicos para la salud, en particular para los consumidores más jóvenes”, “establece sanciones penales de uno a ocho años de prisión y multas de 11 mil a 226 mil pesos aproximadamente”, faculta a las autoridades sanitarias “para aplicar medidas de seguridad” y no “sanciona la portación y el uso”.
Por el otro, con base en un informe presentado ―ayer mismo― por la organización “Defensorxs” y que lleva por título “Humo, vapeo y poder”, tanto David Vicenteño como Bibiana Belsasso ofrecen un panorama desde otra perspectiva del tema: la prohibición de los vapeadores ―como se había pronosticado― ha abierto la puerta al mercado ilícito, a un negocio millonario, además de impedir los controles sobre las sustancias que contienen y sobre su calidad.
De acuerdo con “Humo, vapeo y poder”, “son siete grupos en México los que manejan el mercado ilegal: Cártel Jalisco Nueva Generación Cártel de Sinaloa, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos. Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y La Unión Tepito”.
Tanto en el informe como en los artículos mencionados [sobre todo el de Belsasso], se afirma que “el mercado ilícito de tabaco [no olvidar que se aprobó un aumento al IEPS a los cigarrillos en el Proyecto de Presupuesto 2026] y vapeadores genera ganancias anuales de entre 15 y 20 mil millones de pesos” y que esas ganancias “actúan como ‘caja chica’ que financia armas, municiones, vehículos y equipo de telecomunicación utilizados para cometer otros crímenes”.
En el artículo de Belsasso, además, se desglosa la participación de cada uno de los cárteles mencionados en este nicho de mercado, así como la diversidad de funciones que desempeña en la operación de cada uno de ellos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, sería el que más territorio habría ganado con la prohibición y utiliza este rubro para ganar lealtades repartiendo vapeadores y cajetillas en fiestas patronales, eventos comunitarios o incluso en situaciones de desastres como inundaciones, mientras que el Cártel de Sinaloa utilizaría las ganancias de este mercado para financiar su guerra interna. La Nueva Familia Michoacana, por su parte, habría convertido el mercado de vapeadores en un instrumento de control social y extorsión, obligando a los comerciantes a vender de las marcas que ellos distribuyen y pagar cuota por pieza vendida, mientras que Cárteles Unidos utilizaría sus ganancias en este rubro para la guerra contra el CJNG y sus aliados y obligaría en los municipios en los que tiene presencia a vender exclusivamente ciertas marcas…
Y, no solo eso, para Carlos Balmen ―uno de los realizadores del estudio―, en el caso del Cártel del Noroeste, heredero de los Zetas, este mercado le habría servido para mantener viva su marca por tratarse de un mercado de ganancias rápidas y de bajo riesgo porque, a diferencia del caso del fentanilo o de la cocaína, difícilmente se realizan operativos de gran escala contra vapeadores…
En la Ciudad de México, la Unión Tepito habría logrado el control casi total de la venta de vapeadores en la capital reclutando vendedores por la fuerza entre quienes venden dulces o cigarros sueltos en la calle…
Otro dato: entre el 80 y el 90% de los vapeadores que circulan en nuestro país provendrían de Asia, principalmente de fábricas clandestinas chinas e ingresarían a nuestro país por los mismos puertos por los que llegan los precursores químicos para la metanfetamina y el fentanilo: los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas…
Así como el artículo de Ruth comenzaba con la afirmación contundente: “el gobierno federal asestará el golpe final a la industria tabacalera en el tema de cigarrillos electrónicos y vapeadores”, el de Belsasso concluye con otras, no menos contundentes:
“Además del impacto criminal, la prohibición dejó al usuario en un estado de vulnerabilidad absoluta. Antes, un vapeador regulado pasaba por estándares mínimos de seguridad: baterías, líquidos, concentraciones, certificaciones. Hoy nadie sabe qué está consumiendo. Muchos dispositivos contienen restos de marihuana, cocaína o incluso fentanilo”…
