ANÁLISIS SOBRE UN TEMA IMPORTANTE
El reciente incremento al salario mínimo anunciado por la CONASAMI para el 2026 vuelve a colocar en el centro del debate económico la tensión entre recuperación del poder adquisitivo, sostenibilidad empresarial y dinámica del mercado laboral. El salario mínimo general aumentará 13% y alcanzará $315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento será de 5%, debido a que allí ya se cubren 2.8 canastas básicas. La administración federal estima que, con esta política, el salario mínimo habrá recuperado 154% de su poder adquisitivo respecto al 2018, beneficiando a 8.5 millones de personas y permitiendo que millones salgan de la “pobreza por ingresos”.
SOCIALMENTE IMPORTANTE
Este es un avance social significativo que consolida una tendencia de recuperación salarial no vista en décadas. No obstante, es importante precisar que ello no significa que salgan de la pobreza multidimensional, que incluye otras carencias como; acceso a servicios de salud, educación, seguridad social, vivienda y sus servicios asociados, ya que, en la práctica, la mejora en ingresos puede verse compensada cuando los hogares deben financiar servicios que el Estado no provee de manera suficiente, por ejemplo; la compra de medicamentos ante el desabasto crónico de las instituciones públicas. En estos casos, el aumento del salario mínimo eleva la capacidad de compra, pero parte de ese avance se erosiona por mayores gastos de bolsillo, limitando el impacto real en bienestar o incluso revirtiendo la mejora en el ingreso disponible, sobre todo en el caso de enfermedades crónicas de largo tratamiento.
LAS OPINIONES DE LA OCDE
En este contexto, la OCDE, advirtió que el país ya superó el umbral del 60% en el ratio salario mínimo/salario mediano, un nivel que la evidencia internacional asocia con riesgos en empleo formal, productividad y acceso al mercado laboral para jóvenes y trabajadores de baja cualificación, señalando además que este incremento llega en un escenario de desaceleración económica, caídas recurrentes en el empleo formal y repunte de la informalidad, lo que se asocia a un episodio recesivo en México, recomendando evaluar de cerca la evolución de la productividad y analizar cómo los incrementos adicionales podrían afectar el acceso al empleo formal. Los salarios han crecido, pero la productividad laboral permanece estancada en niveles equivalentes a los del 2018 y muy por debajo del promedio de países comparables: México genera alrededor de 25.5 USD por hora trabajada, frente a los 70 USD del promedio de los países de la OCDE. Esta brecha implica que los aumentos salariales descansan más en decisiones políticas que en mejoras en eficiencia, lo que presiona costos, márgenes y precios, especialmente en sectores de baja rentabilidad como agricultura, restaurantes, hospedaje y servicios personales. A ello se suman distorsiones derivadas de los apoyos económicos de los programas sociales que, según los empleadores, reducen la disponibilidad de mano de obra en actividades cruciales. “porque ahora argumentan algunas personas que ya para qué trabajan, si tienen transferencias monetarias garantizadas” modificando sustancialmente la dinámica laboral. En resumen, el resultado es un mercado laboral que mejora en ingresos nominales, pero que enfrenta tensiones cada vez más crecientes en “participación”, formalidad y competitividad.
MÉXICO Y SU FUTURO
La agenda con miras al 2030 exige una política salarial integral que complemente los incrementos con estrategias claras de “productividad”, formalización y fortalecimiento sectorial. Para acercar a México a los estándares de países más desarrollados se requiere: aumentar la inversión en capital (maquinaria, tecnología, infraestructura), mejoras educativas, políticas de competitividad, innovación, formalización del empleo, y estímulos para integrar a las empresas mexicanas -especialmente a las MIPYMES- a cadenas globales de valor. Se requiere, además, rediseñar los programas sociales bajo el principio de que deben “acompañar”, no sustituir al empleo, y avanzar hacia incrementos diferenciados que tomen en cuenta las condiciones regionales y sectoriales tomando en cuenta también que si bien el porcentaje de incremento en los salarios mínimos no es obligatorio para el resto de los salarios, si ejerce fuerte presión cuando el de los operarios ya alcanza al de los supervisores, jefes de turno y demás, en la escala laboral de la empresa, impactando sus costos. Del mismo modo, se debe fortalecer la coordinación macroeconómica para minimizar presiones inflacionarias derivadas de aumentos salariales por decreto. La recuperación del salario mínimo es un logro social indiscutible, pero su sostenibilidad dependerá de cerrar la brecha entre salario y productividad, y de construir un mercado laboral que combine bienestar con competitividad. Solo así el objetivo de alcanzar 2.5 canastas básicas en 2030 podrá lograrse sin comprometer la viabilidad de empresas ni la estabilidad macroeconómica. Como bien lo advierte Gerardo Esquivel, ex subgobernador de Banxico: “Cuando el costo laboral obligatorio crece más rápido que la productividad, los negocios enfrentan presiones en su estructura de costos que pueden traducirse en una menor capacidad para sostener esquemas laborales plenamente formales” y donde la salida más rápida es emigrar a la informalidad con sus consecuentes efectos perniciosos. El Dr. Abel Ortiz Prado. aborpra@hotmail.com es académico y consultor en gobierno y administración pública.
VEREMOS Y DIREMOS.
