Las tensiones por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos escalaron a principios de diciembre de 2025, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer un arancel del 5% si México no salda su deuda hídrica. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la advertencia confirmando una reunión bilateral de carácter técnico.
La disputa se centra en la obligación de México de entregar volúmenes de agua a Estados Unidos, tal como lo establece el Tratado de Aguas de 1944. Este acuerdo, firmado el 3 de febrero de 1944, regula el uso conjunto de las aguas de los ríos Bravo (conocido como Rio Grande en Estados Unidos), Colorado y Tijuana, y estableció la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional encargado de vigilar su cumplimiento.
Deuda hídrica y amenaza de aranceles
El 8 de diciembre de 2025, el expresidente Donald Trump advirtió, a través de sus redes sociales, que impondría un arancel del 5% a las importaciones mexicanas si no se cumplían los compromisos hídricos. Trump alegó que México debía más de 800 mil acres-pie de agua por incumplimientos en el ciclo quinquenal reciente, y exigió la liberación inmediata de 200 mil acres-pie antes del 31 de diciembre de 2025. Un acre-pie es una unidad de volumen utilizada en Estados Unidos, equivalente a aproximadamente 1,233.48 metros cúbicos, y se refiere a la cantidad de agua necesaria para cubrir un acre de superficie con una profundidad de un pie.
Según el mensaje de Trump, el incumplimiento afecta directamente a los productores agrícolas de Texas y, de no resolverse, las medidas comerciales serían aplicadas.
La postura mexicana y las causas de la escasez
Al día siguiente, el 9 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se llevaría a cabo una reunión técnica bilateral esa misma tarde para buscar un acuerdo. La mandataria reconoció la falta de entrega de agua a Estados Unidos, pero la justificó por condiciones climáticas extremas y limitaciones físicas.
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, explicó que la escasez de escurrimientos en los ríos tributarios del Bravo, provocada por una sequía extraordinaria durante los años 2022 y 2023, impidió que México completara la entrega de agua comprometida. Los registros históricos indican que los volúmenes de escurrimiento en ese periodo fueron los más bajos desde 1953, superando los límites para clasificar una sequía como severa.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar una tercera parte del volumen de seis afluentes del río Bravo: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Las Vacas. Esta entrega debe promediar 431.721 millones de metros cúbicos (MCM) anuales, acumulando un mínimo de 2,158 MCM cada cinco años. En reciprocidad, México recibe 1,850 MCM anuales del río Colorado. Un millón de metros cúbicos (MCM) es una unidad de volumen utilizada para grandes cantidades de agua, equivalente a mil millones de litros.
Velasco precisó que el artículo cuarto del tratado permite reponer en el siguiente ciclo quinquenal los volúmenes no entregados, siempre que se acrediten condiciones de sequía extraordinaria.
Para cumplir con sus obligaciones, México depende del agua almacenada en las presas internacionales Falcón y La Amistad. Sin embargo, al cierre de 2025, ambas reportan niveles críticos: menos del 9% de su capacidad útil en La Amistad y menos del 4% en Falcón. Estos volúmenes se destinan prioritariamente al abastecimiento de 13 ciudades fronterizas mexicanas durante la temporada de estiaje, lo que salvaguarda el derecho humano al agua.
Mecanismos diplomáticos y perspectivas
El tratado también contempla procedimientos técnicos y reuniones bilaterales para evaluar condiciones hidrológicas. En 2025, ambas secciones de la CILA sostuvieron encuentros el 23 de abril, 15 de agosto, 25 de noviembre y 4 de diciembre para acordar medidas extraordinarias.
La presidenta Sheinbaum reafirmó la voluntad de su gobierno de buscar un acuerdo beneficioso para ambos países y confirmó la coordinación con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en este proceso. Se busca una solución diplomática que respete la capacidad técnica, el almacenamiento disponible y el derecho humano al agua de la población mexicana.
La disputa podría escalar si no se logra una solución diplomática antes de que finalice el año 2025, mientras los productores texanos continúan presionando por una resolución inmediata.
