Líderes sindicales en Nayarit anunciaron la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el secretario de Finanzas, Julio César López Ruelas, por presuntos adeudos a trabajadores. El funcionario, por su parte, defendió la legalidad de su actuación y negó la existencia de un delito al argumentar que la falta de recursos es la causa de los retrasos.
El secretario de Finanzas, Julio César López Ruelas, señaló que para que exista un delito, los denunciantes deberían acreditar que la dependencia contaba con recursos disponibles y aun así omitió los pagos. En su defensa, explicó que, de no haber fondos, no se configura un ilícito, postura que el gobierno estatal estaría en posibilidad de demostrar ante los tribunales, en caso de ser requerido.
Respecto a la fecha en que se cubrirán los pagos pendientes a trabajadores sindicalizados y de confianza –categorías que incluyen a empleados con derechos laborales colectivos y a aquellos con roles de designación directa, respectivamente– desde diciembre, el secretario afirmó que se realizarán entre esta semana y la próxima, aunque no pudo precisar una fecha exacta para su cumplimiento.
¿Qué causó los adeudos?
López Ruelas atribuyó la actual situación financiera del gobierno estatal a diversos factores. Destacó una disminución significativa en las participaciones federales, fondos que el gobierno central transfiere a los estados y que son vitales para sus presupuestos. Durante el verano pasado, Nayarit dejó de percibir alrededor de 500 millones de pesos, un monto que tuvo que ser amortizado en un periodo de tres meses.
A esta reducción se sumó un incremento salarial del 10 por ciento al magisterio, que abarca salarios y prestaciones, lo que implicó un gasto adicional de aproximadamente 200 millones de pesos no previstos en el presupuesto anual. Asimismo, el aumento en el pago de pensiones también contribuyó a la presión económica.
Finalmente, el funcionario mencionó el cumplimiento de múltiples resoluciones judiciales, que son órdenes emitidas por los tribunales que obligan al estado a realizar ciertos pagos. Estas incluyen demandas de contribuyentes que exigen la devolución de impuestos, lo que generó erogaciones cercanas a los 40 millones de pesos que no estaban contempladas en las finanzas estatales.
