Las reglas del juego para construir en Nayarit están por cambiar radicalmente. Tras 30 años de operar con una normativa obsoleta que data de 1995, el Congreso del Estado analiza una nueva Ley de Infraestructura que promete erradicar una vieja costumbre administrativa: elegir siempre el presupuesto más bajo, aunque la obra sea mala.
La propuesta, enviada por el Ejecutivo y actualmente bajo la lupa de la Comisión de Obras, busca armonizar la legislación local con la federal para darle “dientes” a la Secretaría de Infraestructura. El diputado Luis Daniel Pérez Lerma explicó que el cambio de paradigma es vital: antes, el sistema obligaba casi automáticamente a contratar la opción más económica, sacrificando la durabilidad; ahora, la prioridad legal será la certeza y la calidad técnica del inmueble, permitiendo descartar lo barato si no garantiza seguridad.
La reforma es técnica y también social. La nueva ley incluye candados para evitar conflictos agrarios, haciendo obligatorio adquirir los derechos de vía antes de tirar asfalto en terrenos ejidales. Además, abre la puerta a la fiscalización ciudadana: si una calle o edificio no cumple con la funcionalidad prometida, los usuarios podrán presentar denuncias formales que derivarán en sanciones directas para los funcionarios responsables, algo que la vieja ley de los noventa dejaba en el limbo.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de recepción y análisis al interior de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes. Se espera que, una vez dictaminada, sea turnada al pleno del Congreso para su votación y eventual aprobación durante el próximo periodo legislativo, consolidando así el nuevo marco rector para la construcción en Nayarit.
