Una advertencia sobre la salud de la democracia en Nayarit fue lanzada desde la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE). Eduardo Trujillo Trujillo alertó que el frenesí de los actores políticos por adelantar los tiempos de promoción personal vulnera la equidad de la contienda y está erosionando peligrosamente la credibilidad de las autoridades electorales ante una ciudadanía que, al no ver castigos inmediatos, comienza a cuestionar la fortaleza y utilidad del árbitro.
El funcionario explicó que este desorden cronológico genera una confusión técnica en el electorado, que muchas veces desconoce las limitaciones jurisdiccionales de la ley. A menudo, la gente exige al INE frenar aspiraciones a cargos locales, sin saber que esa competencia recae exclusivamente en el organismo público local; este “limbo” de entendimiento provoca que, mientras la queja se triangula jurídicamente de la instancia federal a la estatal, el político infractor avanza, consolidando lo que Trujillo denominó como “hechos consumados” o daños irreparables a la equidad.
Esta brecha burocrática se convierte en tierra fértil para el cinismo político. El vocal detalló que más allá del procedimiento el problema de fondo no es la falta de “lealtad constitucional” de quienes aspiran a gobernar. Criticó severamente que existan perfiles dispuestos a burlar la normativa para obtener ventaja, aprovechando los tiempos muertos de la justicia electoral para posicionarse ante la opinión pública antes de que llegue cualquier sanción, lo que deja a la autoridad en una posición reactiva y desgastada.
Lo más grave, según el análisis institucional, es el mensaje que se envía a la sociedad: la rentabilidad de la trampa. Trujillo subrayó que es nocivo para cualquier democracia que la ciudadanía perciba una impunidad sistémica, donde observa a personajes que violentan la ley abiertamente, se mofan de las reglas del juego y, al final del día, logran su objetivo de obtener un cargo de elección popular sin mayores consecuencias.
Para el INE en Nayarit, esta dinámica de “ganar a toda costa” debe evitarse urgentemente, pues normaliza la ilegalidad como una estrategia política válida. El llamado final es a la responsabilidad de los actores partidistas, pues el desgaste que provocan al desafiar al árbitro no solo afecta a una elección, sino que debilita la confianza en todo el sistema democrático del país.
