La entrada en vigor del registro obligatorio para todas las líneas telefónicas móviles en México ha encontrado un terreno fértil en la opinión pública de Tepic. Lejos de rechazar la medida por temas de privacidad, la ciudadanía percibe esta iniciativa federal como un candado necesario para frenar la ola de delitos que se amparan en el anonimato, principalmente el fraude y la extorsión telefónica. Sin embargo, el respaldo verbal contrasta con la lentitud en la ejecución del trámite por parte de los propios usuarios.
Durante un recorrido por las calles de la capital nayarita, el consenso fue favorable. Para usuarios como Fernando y Jorge, vincular cada número a una identidad verificable es un paso lógico para “fortalecer la seguridad” y tener certeza sobre quién está detrás de cada llamada. La percepción general es que el control estricto de los chips es la única vía para depurar la red y evitar que los delincuentes sigan operando con impunidad desde líneas desechables.
El argumento de la privacidad tampoco parece ser un obstáculo mayor. David, otro de los entrevistados, aportó una perspectiva histórica al recordar que esta supervisión no es nueva ni invasiva; hace décadas, cuando la telefonía fija era la norma, los datos de todos los abonados aparecían públicamente en la “sección blanca” del directorio telefónico. Bajo esta lógica, el registro actual se entiende más como un retorno al orden administrativo que beneficia a la población, y no como una intromisión.
No obstante, existe una brecha entre la aceptación y la acción. Aunque se reconoce que la herramienta servirá para “promover la honradez” y proteger a sectores vulnerables, muchos admiten no haber cumplido aún con el requisito. El factor común no es la desconfianza, sino el olvido o la falta de tiempo; el mismo Fernando, quien aplaudió la iniciativa por seguridad, reconoció que simplemente “se le ha olvidado” registrarse, reflejando una tendencia de procrastinación en gran parte de los usuarios.
El reloj, sin embargo, avanza sin pausas. Con la fecha límite establecida para el próximo 30 de junio, la ciudadanía enfrenta la urgencia de transitar de la aprobación a la gestión, pues la normativa es tajante: aquellos que no completen el registro para el cierre del plazo enfrentarán la suspensión definitiva de su línea, quedando incomunicados por no validar su identidad a tiempo.
