El registro obligatorio de teléfonos celulares avanza en México como una de las políticas de seguridad más controvertidas de los últimos años. Presentado por el gobierno como una herramienta para combatir la extorsión y el fraude telefónico, el padrón enfrenta crecientes cuestionamientos por sus riesgos a la privacidad, su efectividad real y los efectos colaterales que ya comienzan a aparecer.
La medida parte de la intención de eliminar el anonimato en las llamadas delictivas. Sin embargo, también concentra en manos del Estado una base de datos sensible que incluye identidad y números telefónicos de millones de personas, en un país con antecedentes de filtraciones y uso indebido de información personal, lo que ha encendido las alertas entre especialistas y organizaciones civiles.
Para conocer la percepción ciudadana, se realizó un sondeo en las calles de Tepic, donde la mayoría de los usuarios de telefonía celular se manifestó a favor del registro, principalmente por el hartazgo frente a los fraudes y llamadas de extorsión. Muchos consideran que identificar cada línea puede ayudar a inhibir estos delitos y facilitar la labor de las autoridades.
No obstante, el respaldo ciudadano es parcial. Varios de los entrevistados reconocieron que aún no han realizado el trámite, ya sea por olvido, falta de tiempo o desinformación, aunque admiten que el padrón podría tener algún efecto positivo en la reducción de delitos telefónicos.
Las críticas más severas provienen del ámbito técnico y legal. Especialistas en telecomunicaciones alertan que ya se observan indicios de un mercado negro de chips telefónicos. El abogado Sergio Legorreta, experto en la materia, señala que grupos delictivos detectaron una oportunidad en la venta de tarjetas sim preactivadas, listas para usarse y que evitan el registro directo por parte del usuario final, lo que debilita el objetivo central de la medida.
A ello se suma otro vacío del marco normativo: actualmente, personas físicas con actividades empresariales y personas morales pueden registrar un número ilimitado de líneas telefónicas. Esta flexibilidad, advierten los expertos, abre la puerta a la acumulación masiva de chips que podrían ser revendidos de manera irregular, alimentando el mercado negro y reduciendo la efectividad del padrón.
Organizaciones defensoras de derechos digitales subrayan que el registro no ataca de fondo a las estructuras del crimen organizado, que cuentan con múltiples mecanismos para evadirlo, mientras que los usuarios comunes quedan expuestos a una mayor vigilancia y a los riesgos asociados al manejo de sus datos personales.
Con el plazo límite del 30 de junio para cumplir con el registro y la advertencia de que las líneas que no se inscriban podrían ser suspendidas, la medida deja de ser una política preventiva y se convierte en una obligación bajo presión para millones de usuarios.
El padrón de celulares abre así una pregunta incómoda para el país: si realmente se trata de una estrategia eficaz contra el delito o de una simulación que amplía el control sobre los ciudadanos sin resolver el problema de fondo.
