En los expedientes relacionados con el Mega Operativo Nuevo Nayarit y el Fideicomiso Bahía de Banderas hay un nombre que permite entender las adjudicaciones irregulares de terrenos de alto valor turístico: Édgar Hugo Langarica González, administrador de Pronijal S.A. de C.V.
Langarica es concuño del exgobernador Ney González y su aparición en la estructura empresarial resulta clave para las autoridades, porque conecta el vínculo familiar con la ejecución administrativa de operaciones que permitieron la transferencia de patrimonio estatal a particulares, sin que existiera un pago real por esos bienes.
De acuerdo con datos verificados por NTV+, Pronijal fue beneficiada con la adjudicación de inmuebles del FIBBA mediante un juicio reivindicatorio señalado como simulado, ya que sirvió para justificar la entrega de propiedades sin erogación efectiva de recursos. En ese proceso, Langarica aparece formalmente como administrador de la empresa, lo que lo coloca en el centro de la operación.
La afectación patrimonial documentada en este caso supera los 726 millones de pesos, por la transferencia de más de 440 mil metros cuadrados ubicados en zonas de alta plusvalía turística en la bahía de La Peñita de Jaltemba, como lo son Boca de Becerros Sur y Chaparrales. Los predios quedaron en manos de empresas vinculadas a Héctor Cárdenas Curiel “El Baby”, empresario inmobiliario identificado en diversas investigaciones como socio y presunto prestanombres de Ney González.
El nombre del exgobernador aparece reiteradamente como el eje político del entramado y es señalado como el responsable de decisiones que permitieron el uso de mecanismos judiciales y administrativos para disponer de bienes del FIBBA durante su sexenio 2005-2011.
Su relación con Cárdenas Curiel explica el destino final de los inmuebles. Cárdenas es vinculado en los expedientes como controlador de Pronijal y de Inmobiliaria Bains, las empresas que concentraron los predios. En esta estructura también aparecen Iván Mercado Michel, como apoderado legal de Inmobiliaria Bains, y Gustavo Pérez Saldaña, representante legal de Pronijal, quienes dieron forma jurídica a las operaciones hoy cuestionadas, quienes también están bajo proceso judicial.
El momento procesal actual ha colocado nuevamente a Édgar Hugo Langarica González en el centro del caso. Un juez de Control lo apercibió tras no presentarse a una audiencia de formulación de imputación, luego de que intentara justificar su ausencia alegando que se encontraba fuera del país. La autoridad ordenó su comparecencia presencial y advirtió que, de no hacerlo, podría reactivarse una orden de aprehensión.
A este panorama se suma una actualización relevante: se acaba de confirmar que la liberación de Cárdenas Curiel ocurrida en 2014 será analizada en juicio oral, dentro de una causa penal que investiga la posible emisión de resoluciones judiciales irregulares que favorecieron directamente al empresario.
Mientras los tribunales resuelven, el Mega Operativo Nuevo Nayarit continúa con el objetivo de recuperar bienes que forman parte del patrimonio estatal. En esa reconstrucción, el concuño incómodo Langarica deja de ser un nombre secundario y se consolida como el eslabón que explica cómo el parentesco permitió ejecutar las adjudicaciones, del poder político a las empresas privadas.
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