La austeridad que se pregona desde el poder volvió a chocar con la realidad. A tres días de haber anunciado oficialmente la renovación de su flotilla vehicular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás ante la presión pública por la compra de camionetas blindadas de alto costo para ministras y ministros. La rectificación, sin embargo, no llegó mediante un comunicado institucional, sino a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).
El pasado 22 de enero, la SCJN informó que había adquirido nueve camionetas blindadas Grand Cherokee, marca Jeep, bajo el argumento de que las unidades anteriores eran obsoletas y ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios para proteger la integridad de quienes integran el Máximo Tribunal. En ese comunicado, la Corte aseguró que la decisión se tomó con base en opiniones técnicas de autoridades federales y en estricto apego a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece la renovación periódica de este tipo de vehículos cada cuatro años o antes si dejan de ser seguros.
No obstante, imágenes de las nuevas camionetas circulando en redes sociales desataron una oleada de críticas, especialmente por el contraste entre este gasto y el discurso de austeridad que defienden quienes hoy gobiernan y que, además, impulsaron la integración actual del Poder Judicial.
Fue hasta este domingo 25 de enero cuando la Corte reaccionó públicamente. En un mensaje difundido en X, ministras y ministros informaron su decisión de no utilizar los vehículos adquiridos y de solicitar el inicio del proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos. En el mismo texto reiteraron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo” y anunciaron que este lunes ofrecerán una conferencia de prensa para “precisar la información”.
La compra, según el comunicado del 22 de enero, se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor, con el objetivo —afirmó la Corte— de no generar un gasto adicional. Sin embargo, el Tribunal nunca informó cuánto costaron las camionetas, un dato central tratándose de recursos públicos y de un contexto de supuesta austeridad.
La secuencia de hechos —primero un comunicado técnico para justificar el gasto, luego una rectificación vía redes sociales— dejó al descubierto no sólo la sensibilidad del tema, sino también la fragilidad del discurso institucional frente al escrutinio ciudadano. En un país donde se exige austeridad a otras instancias del Estado, la opacidad y la falta de congruencia en las decisiones del Máximo Tribunal vuelven a colocar bajo la lupa el uso de los recursos públicos.
La conferencia anunciada para este lunes será la primera oportunidad para que la Suprema Corte explique con mayor claridad un gasto que, por ahora, ya dejó una lección política: en tiempos de austeridad proclamada, el lujo institucional difícilmente pasa desapercibido.
