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martes, enero 27, 2026
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La lista bajo sospecha de ser investigada en Estados Unidos

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Episodios clave y contextos regionales han llevado a que seis figuras del poder político sean señaladas de manera recurrente en análisis que los vinculan con investigaciones de agencias estadounidenses

La imagen ha circulado con fuerza en redes sociales y espacios de opinión. En ella aparecen seis políticos mexicanos que han sido colocados de manera insistente en el debate público bajo sospecha de investigación por parte de agencias del gobierno de Estados Unidos. La narrativa no surge de comunicados oficiales, sino de columnas y análisis políticos que han retomado episodios críticos, decisiones administrativas y contextos regionales marcados por la violencia y la disputa del poder.

Uno de los casos más visibles es el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Su nombre quedó bajo el reflector tras la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024. La controversia se desató cuando se difundió una carta atribuida al propio Zambada, en la que afirmó haber sido citado a una reunión política antes de ser trasladado a territorio estadounidense, mencionando al gobernador. Aunque Rocha negó cualquier participación y presentó una coartada pública, la sola referencia a su nombre en un episodio histórico del narcotráfico detonó un intenso escrutinio mediático en una entidad donde la relación entre poder político y crimen organizado ha sido documentada durante décadas.

Otro nombre central en esta narrativa es el de Adán Augusto López Hernández, hoy senador y exsecretario de Gobernación. La sospecha que lo rodea se explica principalmente por un hecho ocurrido durante su gestión como gobernador de Tabasco: Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública del estado, fue detenido y procesado acusado de encabezar el grupo criminal conocido como La Barredora. Para analistas, la caída del responsable máximo de la seguridad estatal colocó bajo cuestionamiento la conducción política del aparato de seguridad en ese periodo, convirtiendo a Adán Augusto en una figura recurrente del debate público.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda fue incorporada a esta narrativa tras confirmar la suspensión de su visa estadounidense. El señalamiento cobró mayor fuerza cuando ella misma anunció que su ex esposo, Carlos Torres Torres, es investigado por la Fiscalía General de la República, subrayando que se trata de un asunto ajeno a su gobierno. El contexto fronterizo del estado y la investigación al entorno personal han sido elementos constantes en columnas que la colocan bajo sospecha mediática.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aparece en este mapa principalmente por el contexto estratégico de la entidad que gobierna. Sonora es una de las principales rutas del tráfico hacia Estados Unidos y su nombre ha sido incluido en versiones sobre posibles revisiones migratorias o cancelaciones de visa, que él ha negado públicamente. A ello se suma su pasado como responsable federal de la estrategia de seguridad, un elemento que analistas suelen incorporar para explicar su presencia en este debate.

En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla también ha sido mencionado de manera recurrente. Su inclusión responde al entorno de violencia persistente en el estado y a versiones que circulan en el análisis político sobre supuestas medidas administrativas desde Estados Unidos. Hasta ahora, su nombre aparece ligado más al contexto regional que a hechos comprobados.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo, actual secretario de Educación Pública y exdirigente nacional de Morena, ha sido colocado bajo el reflector por su papel como operador político y por cuestionamientos públicos sobre si se encuentra entre los funcionarios señalados en este tipo de versiones. Su nombre ha circulado en columnas y análisis, incluso en medio de episodios de confusión y desinformación que han alimentado el debate.

Por ahora, no existen comunicados ni documentos públicos de agencias estadounidenses que acrediten investigaciones formales contra los políticos señalados. La agencia de noticias Reuters del Reino Unido ha sido el único medio que ha asegurado en una publicación que Estados Unidos canceló un total de 50 visas a políticos y empresarios mexicanos sin revelar sus nombres. Las versiones que circulan forman parte de la sospecha, el debate mediático y del análisis político.

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