La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida con características similares a las de uno de los 10 trabajadores mineros secuestrados el 23 de enero en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. El cuerpo fue localizado en el poblado de El Verde, a unos 40 kilómetros del sitio de la desaparición, y se realizan análisis periciales para confirmar su identidad.
El hallazgo es resultado de las diligencias realizadas por la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Como parte de estas acciones, fueron detenidas cuatro personas, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, dentro de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Los 10 trabajadores desaparecidos fueron identificados como Ignacio Salazar Flores, José Manuel Castañeda, Antonio de la O Valdez, Antonio Jiménez, José Ángel Hernández, Javier Vargas, Antonio Esparza, Javier Valdez, Saúl Ochoa y Miguel Tapia. El grupo fue privado de la libertad en un campamento cercano a una mina de plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver.
Las labores de búsqueda y cateo continúan en el municipio de Concordia, donde se han localizado campamentos y una fosa clandestina en el poblado de El Verde. Aunque las autoridades no han detallado el número de cuerpos o restos humanos hallados, colectivos de búsqueda han reportado la extracción de varios cadáveres en la zona.
El caso se suma a una serie de hechos violentos recientes en Sinaloa, como el secuestro de seis turistas en Mazatlán y el ataque armado contra dos diputados locales en Culiacán, en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Ante este panorama, el Gobierno federal desplegó a finales de enero a 1,600 elementos del Ejército en Culiacán y Mazatlán para reforzar la seguridad.
La FGR reiteró que las personas detenidas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
