La riqueza forestal de Nayarit se desangra a través de rutas clandestinas que esquivan la vigilancia oficial. En lo que va del año, la extracción ilícita de maderas preciosas como el cedro, el pino y el encino se ha consolidado como uno de los delitos con mayor impacto ecológico en la zona serrana. Las denuncias no solo apuntan a la pérdida de árboles, sino a una compleja red que aprovecha la inaccesibilidad del terreno para lucrar con el patrimonio natural de la entidad.
De acuerdo con los registros que maneja José Rentería González desde la oficina estatal de la Semarnat, existen actualmente entre 25 y 30 procesos de investigación abiertos por estos hechos. Las autoridades han detectado que el traslado de la madera suele ocurrir bajo el amparo de la noche, utilizando vehículos que carecen de toda guía forestal legítima. El problema se agrava con el tráfico de fauna silvestre, donde pericos y guacamayas son las principales víctimas de un mercado negro que no conoce fronteras.
La labor de contención se ha vuelto una carrera contra el tiempo para la Profepa y las fuerzas de seguridad. Los jueces de control juegan un papel determinante en este esquema, pues son los encargados de dictar las medidas de reparación del daño que los infractores deben cumplir. Sin embargo, rehabilitar una hectárea de bosque talado puede tomar décadas, mientras que el beneficio económico para los grupos criminales es inmediato y lucrativo.
El tejido social de las comunidades indígenas también se ve afectado por esta explotación. Al perder sus recursos naturales, la sostenibilidad de estos pueblos queda comprometida, empujándolos hacia la marginación. La estrategia gubernamental ahora apuesta por incentivar la denuncia ciudadana, pues los ojos de los habitantes de la sierra son la única vigilancia capaz de cubrir los puntos ciegos donde los inspectores federales no alcanzan a llegar.
Preservar los pulmones de Nayarit es hoy una prioridad de seguridad nacional en el contexto del cambio climático. Cada cargamento de madera confiscado es una victoria parcial, pero la raíz del problema persiste en la demanda de mercados externos. La administración estatal ha sido enfática: no habrá tolerancia para quienes conviertan los bosques serranos en mercancía ilegal, prometiendo endurecer las sanciones administrativas y penales contra los aserraderos que no acrediten la legalidad de su materia prima.
