La protección de niñas, niños y adolescentes frente a conductas delictivas que vulneran su integridad forma parte de las prioridades sustantivas del Poder Judicial de Nayarit, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Román Salazar Carrillo.
El titular del Poder Judicial subrayó que los asuntos que involucran a menores de edad requieren no solo sensibilidad institucional, sino también rigor jurídico y celeridad procesal, dada la gravedad de los hechos que suelen estar relacionados con este tipo de procesos.
“Son de los delitos más gravosos aquellos que atentan contra la niñez nayarita. Por ello, estos casos se atienden con especial cuidado, privilegiando procesos ágiles y garantizando plenamente los derechos de las víctimas”, sostuvo.
Salazar Carrillo enfatizó que la responsabilidad fundamental de los juzgadores es impartir justicia pronta, imparcial y estrictamente apegada al marco constitucional, asegurando que cada procedimiento se desarrolle bajo los principios del debido proceso.
En este contexto, destacó que uno de los ejes centrales en los casos que afectan a menores es evitar cualquier forma de revictimización, mediante la aplicación de mecanismos legales que protejan la integridad emocional y jurídica de las niñas y niños durante las distintas etapas judiciales.
Asimismo, explicó que el sistema de justicia contempla recursos legales como apelaciones y juicios de amparo ante autoridades federales, los cuales forman parte de los derechos procesales de las partes. No obstante, reconoció que en determinados casos las suspensiones provisionales pueden frenar temporalmente los procedimientos en el ámbito local.
“En el marco de su independencia y autonomía, los juzgadores federales pueden conceder suspensiones que detienen momentáneamente los procesos. Sin embargo, ello no modifica la obligación del Poder Judicial del Estado de continuar actuando conforme a derecho”, señaló.
Pese a estos escenarios, aseguró que el Poder Judicial de Nayarit mantiene su capacidad operativa y ritmo de trabajo para atender las causas penales que se presentan en la entidad, particularmente aquellas relacionadas con delitos que afectan a menores de edad.
Respecto a las sanciones previstas en la legislación penal, indicó que en casos donde se acredita la responsabilidad por el delito de violación, las penas pueden oscilar entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y sus circunstancias.
En cuanto a la carga jurisdiccional, informó que durante el año pasado se registraron aproximadamente 10 mil causas penales en el estado. Aunque los delitos de carácter sexual contra menores no representan la mayoría de los asuntos, advirtió que cada caso reviste la máxima relevancia jurídica.
“Aunque se trate de un solo caso, existe la obligación absoluta de investigarlo, juzgarlo y sancionarlo conforme a la ley”, puntualizó.
Finalmente, Edgar Román Salazar Carrillo reiteró que la actuación del Poder Judicial debe permanecer ajena a presiones externas, recordando que la justicia se sustenta exclusivamente en los expedientes y en la valoración de las pruebas.
“La justicia no debe personalizarse. Debe aplicarse siempre conforme a derecho y con el rigor que exige el Estado de derecho”, concluyó.
