Marx Arriaga, hasta este viernes director general de Materiales Educativos, convirtió su proceso de notificación administrativa en un ruidoso desafío público. Durante la tarde de este viernes, el funcionario recurrió a una transmisión en vivo para confrontar a los enviados de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a quienes negó la validez de su cese inmediato. “Hasta que no me entreguen un documento donde diga mi despido conforme a las leyes vigentes laborales, pues yo sigo en el puesto”, afirmó ante las cámaras, en una postura que ignoró el cambio técnico de su plaza a la modalidad de libre designación.
La conferencia improvisada ante los medios y sus seguidores en redes sociales sirvió de plataforma para que Arriaga radicalizara su discurso habitual de confrontación. El funcionario aseguró que su permanencia no responde a una ambición personal, sino a la protección de los 107 libros de texto que diseñó bajo su gestión, los cuales prometió defender “con uñas y dientes”. Esta retórica, que equipara una posición administrativa con una trinchera ideológica, confirmó la hipótesis de las autoridades sobre la resistencia que el académico opondría ante cualquier intento de institucionalizar la oficina.
En un despliegue de su narrativa de lucha de clases, Arriaga justificó su negativa a retirarse acusando que el espacio físico de su dirección fue arrebatado a intereses de editoriales privadas como Trillas, SM, Castillo y Santillana. Según el funcionario, dichas empresas “se llevaban 3 mil 500 millones de pesos al año” y su salida representaría entregar nuevamente el espacio a lo que denominó “el sector neoliberal”. Este argumento fue utilizado para evadir los cuestionamientos sobre el desplome del rigor académico en los materiales bajo su cargo, los cuales han sido señalados por carecer de mínimos pedagógicos indispensables.
La actitud de Arriaga en su último día hábil de la semana reflejó la prepotencia que marcó su paso por la SEP. Pese a que la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control se presentaron para formalizar la transición, el funcionario insistió en que sólo abandonaría la oficina si el oficio cumplía con sus criterios de interpretación legal. Esta postura de confrontación abierta contra la propia estructura del Estado evidenció el nivel de autonomía radical que había alcanzado su despacho, operando más como un centro de adoctrinamiento que como una oficina técnica de educación.
El costo de este activismo disfrazado de pedagogía ha sido el desempeño escolar de millones de estudiantes mexicanos. Mientras Arriaga centraba su defensa en la posesión de una silla y una oficina, los indicadores educativos reflejaban los daños de unos materiales sin sustento científico. La jornada concluyó con un funcionario atrincherado en la red, proyectando una imagen de persecución política para ocultar el fracaso de una gestión que priorizó el dogma sobre la excelencia académica.
