El camino hacia el reconocimiento de la identidad de género para adolescentes en Nayarit enfrenta una barrera institucional en las oficinas notariales. Activistas y defensores de derechos humanos denuncian que la falta de capacitación y la nula sensibilización del personal encargado de estos procesos administrativos impiden el cumplimiento de trámites esenciales. Esta situación ocurre a pesar de que la ley exige mecanismos para garantizar el derecho a la identidad, un paso fundamental para la integración social y legal de las juventudes trans.
Alfredo Ramírez, coordinador de Casa de las Muñecas Tiresias, señala que el sector notarial carece de la apertura necesaria para ejecutar los requerimientos del Registro Civil. Debido a que el reconocimiento de la identidad en menores de edad no cuenta con una legislación específica local, se aplica un control de convencionalidad. Bajo este esquema jurídico, los padres deben manifestar ante un notario su autorización para el cambio de identidad, un paso que se ha vuelto tortuoso por la resistencia de los titulares de estas oficinas a actualizar sus protocolos de atención.
La organización civil ha intentado mitigar estas deficiencias mediante programas de capacitación dirigidos específicamente al sector. Sin embargo, los resultados son limitados debido a que múltiples notarías mantienen una postura de rechazo hacia la homologación de sus servicios conforme a los estándares de derechos humanos vigentes. Esta negativa representa un retraso burocrático que perpetúa la estigmatización de un sector de la población que busca ejercer un derecho constitucionalmente protegido.
A la falta de pericia técnica se suma una problemática económica: la discrecionalidad en los cobros. Mientras que un trámite de esta naturaleza debería tener un costo estandarizado, la asociación ha documentado variaciones que afectan directamente el bolsillo de las familias. Ramírez explica que, en el grupo actual de 20 procesos de cambio de identidad que acompañan, se han detectado presupuestos que van desde los 2 mil hasta los 10 mil pesos. Estos sobreprecios se justifican, de manera errónea, bajo el argumento de la complejidad o el desconocimiento del proceso.
El llamado de los colectivos es urgente hacia los titulares de las notarías públicas para que asuman la responsabilidad de formar a su personal auxiliar. El desconocimiento de la normativa no es una justificación válida para vulnerar los derechos fundamentales de las adolescencias. La transparencia en los costos y la eficiencia en la atención son requisitos mínimos para que la función notarial cumpla con su propósito social y legal, sin convertirse en un recaudador de cuotas excesivas basadas en la desinformación.
