Una iniciativa de reforma constitucional, anunciada ayer miércoles por la presidenta de México, busca poner un tope de 70 mil pesos mensuales a las pensiones de altos funcionarios. La propuesta tiene como objetivo principal eliminar privilegios y generar un ahorro de aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales, los cuales serán redirigidos a programas sociales como la Pensión para el Bienestar.
La mandataria explicó que la medida limitaría las jubilaciones al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal. Este anuncio se produce en un contexto de diversas denuncias sobre pensiones elevadas a extrabajadores de organismos como Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Petróleos Mexicanos (Pemex) o Nacional Financiera (Nafin).
En este marco, la jefa del Ejecutivo federal mencionó un reciente escándalo derivado del libro Ni venganza ni perdón, publicado a inicios de febrero. La obra señala al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas de presuntamente haber utilizado un decreto de 2022, relacionado con “compensaciones vitalicias” para extrabajadores de LyFC, como herramienta de operación política. Según el libro, dicho decreto generó un pasivo cercano a los 27 mil millones de pesos y se habría empleado para dividir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), crear redes clientelares y respaldar candidaturas afines, como la de Clara Brugada en la Ciudad de México. El exvocero ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “campaña mediática”, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha solicitado una investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su conferencia de prensa, la presidenta destacó que algunos exfuncionarios de altos mandos de confianza han recibido pensiones de hasta 300 millones o incluso un millón de pesos mensuales. Con la reforma, no podrán exceder el 50% de la remuneración de la jefa del Ejecutivo Federal. Aclaró que esta medida no aplica a las condiciones establecidas en contratos colectivos de trabajo.
La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión. La mandataria señaló que la reforma no será retroactiva: “lo que ganaron antes ya no se puede mover (…) es a partir de ahora, lo que ya fue ya fue”. Asimismo, indicó que, al tratarse de una reforma constitucional, no habrá recursos de amparo que puedan revertir la disposición, una vez que sea aprobada.
Fuentes del Ejecutivo federal informaron que la iniciativa se sustenta en principios como la austeridad republicana, el humanismo mexicano y la responsabilidad financiera. Las entidades paraestatales que serán objeto de esta ley incluyen organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.
De acuerdo con información oficial, el padrón de jubilados de LyFC en liquidación cuenta con 14 mil 73 extrabajadores, para quienes se destina un monto anual de 28 mil 74 millones de pesos. Entre ellos, 9 mil 457 extrabajadores reciben una pensión de 100 mil a un millón de pesos al mes, y 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la presidenta. Además, se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 2 mil 367 millones de pesos. Estas pensiones se han pagado desde hace más de 16 años, manteniéndose incluso durante el sexenio pasado.
En Petróleos Mexicanos (Pemex), 22 mil 316 personas jubiladas bajo el régimen de confianza representan un pago anual de 22 mil 844 millones de pesos. De este grupo, 544 jubilados reciben anualmente mil 827 millones de pesos, con pensiones que son hasta 39 veces el promedio nacional.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un padrón de 54 mil 8 jubilados por el régimen de confianza, con un desembolso anual de 49 mil 950 millones de pesos. En este caso, 2 mil 199 personas perciben montos superiores al sueldo neto de la presidenta, sumando 4 mil 496 millones de pesos al año. Además, 45 mil 680 de estas jubilaciones superan el monto de la pensión más alta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que asciende a 35 mil 193 pesos.
Finalmente, Nacional Financiera (Nafin) registra mil 449 jubilados que fueron trabajadores de confianza, para quienes se eroga un monto anual de 643 millones de pesos. Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) paga mil 029 millones de pesos al año a mil 521 jubilados.
