El sector cañero de Nayarit registra la participación de adolescentes de entre 15 y 16 años, incluso de menor edad, en las labores de cosecha de la actual temporada. Estos jóvenes, que forman parte de las familias de jornaleros que arriban a la entidad, se integran a las cuadrillas de trabajo en diversos puntos de la zona de abastecimiento del ingenio El Molino. La actividad en el campo representa la principal fuente de ingresos para estos núcleos familiares que radican temporalmente en los albergues destinados para su descanso.
Agustín Galaviz, dirigente de la Unión de Productores Cañeros, reconoció que la necesidad económica impulsa a estos menores a sumarse a las jornadas laborales. Muchos de estos jóvenes ya cuentan con responsabilidades familiares propias, al estar casados o tener hijos a su cargo a pesar de su corta edad. Esta situación social determina su ingreso prematuro al mercado de trabajo agrícola en los municipios de Tepic, Xalisco y zonas aledañas.
La normativa laboral prohíbe el empleo de menores de edad en actividades que pongan en riesgo su integridad, como es el caso del corte de caña. No obstante, los líderes del sector señalan que los casos detectados son limitados y corresponden a una realidad económica compleja. En los 17 albergues que abastecen al ingenio local, se han identificado apenas dos o tres situaciones con estas características particulares.
El compromiso de las organizaciones recae en la vigilancia de las condiciones dentro de los centros de estancia para los jornaleros. Las trabajadoras sociales de cada albergue tienen la instrucción de supervisar el cumplimiento de las reglas internas y la salud de los habitantes. Existe un protocolo donde los padres firman documentos de responsabilidad cuando sus hijos adolescentes deciden incorporarse a las tareas del campo por urgencia financiera.
La industria azucarera en Nayarit enfrenta el reto de erradicar estas prácticas mediante la sensibilización de las familias migrantes. Los productores locales buscan mecanismos para evitar sanciones administrativas por parte de las autoridades del trabajo federales y estatales. El objetivo prioritario consiste en garantizar que la zafra se realice bajo los lineamientos legales vigentes, protegiendo los derechos de la infancia en las comunidades rurales.
